SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo sometió ayer, vía la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma al Código Procesal Penal con el cual buscan corregir “las distorsiones” que tiene el Código vigente y mejorar los estándares y normas que permitan hacer más efectiva y eficiente la persecución penal en el sistema acusatorio.
El Proyecto fue entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y titular de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Penal (CONAEJ), César Pina Toribio, quien indicó que entre los aspectos a revisar están el aumento de los plazos, el reforzamiento del reconocimiento efectivo de derecho y la garantía de la victima en el sistema, entre otros.
Julio César Valentín informó que el proyecto será estudiado y debatido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que dirige el diputado Abel Martínez. “Ahora lo importante es conseguir los consensos políticos y producir los debates en el escenario congresional, creo que este tema será de bastante interés en las discusiones y la comisión hará un buen trabajo y con bastante prontitud”, indicó Valentín.Pina Toribio explicó que en estudios realizados por los agentes del Ministerio Público, jueces, academias, y fundamentalmente las entidades de capacitación, se identificaron algunas debilidades, entre ellas se encuentra los plazos, que resultan insuficientes para las partes.Indicó que hay la previsión de aumento de esos plazos, así como una modificación a la interpretación a la disposición por parte de los jueces de las medidas de coerción y de arresto sin la intervención de la orden judicial correspondiente.
“Ha habido quejas respecto de una interpretación por parte de los magistrados jueces a imponer medidas de coerción y también los casos en los cuales es posible la aplicación de la medida de arresto y la intervención de la orden judicial correspondiente, se han ampliado los supuestos en los cuales se pueden proveer las mismas”, explicó.
El plazo para el sometimiento de los imputados es de 24 horas, mientras que la Constitución dice que es de 48, aspecto que pretende modificar el proyecto enviado por el Ejecutivo.
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