Intereses locales e internacionales se oponen a que el Estado dominicano defina una política migratoria, en un momento en que República Dominicana recibe los efectos desestabilizadores de una crisis en Haití. Esta denuncia fue hecha por Pelegrín Castillo, diputado de Fuerza Nacional Progresista por el Distrito Nacional.
"Hemos visto que hay intereses en el país y posiciones de sectores gubernamentales y presiones externas también, para que el país no termine de definir una política de migración en un momento en que está recibiendo los efectos desestabilizadores de una crisis en el país vecino", aseguró, entrevistado en Despierta con CDN.
Castillo reveló que desde que se instaló la mayoría peledeísta en el Congreso Nacional en el 2004, ha abogado por una política de seguridad y desarrollo fronterizo, cosa que considera ahora vital para la supervivencia del Estado.
"Porque las leyes sanitarias, laborales y migratorias, así como políticas de seguridad y defensa, no tienen ningún sentido si uno no controla su frontera", sostuvo.
Manifestó que en virtud de un estudio pedido por el presidente Fernández al Comando Sur de Estados Unidos, se creó un órgano de seguridad fronterizo, pero que no acaba de entrar en operación.
"Se ha anunciado varias veces que va a entrar en vigencia esa nueva unidad de vigilancia fronteriza, en enero, en junio, y nada. Se ha anunciado que lo hará en los próximos días, lo cual es alentador, pero estamos preocupados", dijo.
Con relación a la ley de inmigración, aprobada el 15 de agosto de 2004, Castillos se quejó de que el Poder Ejecutivo no ha hecho los esfuerzos para su ejecución, lo que calificó de grave.
Afirmó al respecto que abogó por que en ella se consignara criterios claros para definir mejor la nacionalidad, pues había sectores con un enfoque diferente.
Expresó su preocupación por la campaña de descrédito internacional contra el país, según la cual es un país esclavista y racista, y lo que considera falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades.
El legislador aseguró igualmente que no está cumpliéndose ni la ley de migración ni las normas de nacionalización del trabajo
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