El abogado del imputado Marcos Báez Cocco, durante el desarrollo del juicio a los implicados en la quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER), afirmó hoy que su representado no incurrió en el delito de abuso de confianza y que ninguno de los miles de ahorrantes presentó una querella contra él u otro de los otros ejecutivos del banco.
El jurista Antonio Delgado, quien suspendió su exposición el viernes pasado luego de sufrir un ataque de hipoglicemia, dijo que otra evidencia de que la acusación no procede es que nadie ha podido demostrar que Báez Cocco extrajo capitales del banco para su provecho personal.
Sin embargo, admitió que incurrió en delitos que están sancionados por la Ley de Banco número 708 al incurrir en la borradura de prestamos y la emisión de documentos confidenciales para pagar y alimentar la cuenta que operaba Ramón Báez Figueroa.
Reiteró que el caso BANINTER desde el principio fue mal instrumentado debido a que el juez del instrucción del Séptimo Juzgado, Eduardo Sánchez Ortiz, al ser apoderado de la investigación, debió expulsar a la autoridades monetarias y financieras y asumir “el control de los archivos para investigar qué ocasionó la quiebra del banco y no limitarse a recibir las documento que ellos habían remitido”.
Todavía falta por escuchar las conclusiones de los abogados de Vivian Lubrano de Castillo, Luis Álvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa, quienes también están acusados de participar en el desfalco de la citada institución bancaria.
El Ministerio Público pidió una condena que oscila entre 20 y seis años de prisión para los implicados en el caso.
La querella contra los imputados fue presentada el 14 de mayo del 2003 y la quiebra del Baninter implicó 55 mil millones de pesos.
El jurista Antonio Delgado, quien suspendió su exposición el viernes pasado luego de sufrir un ataque de hipoglicemia, dijo que otra evidencia de que la acusación no procede es que nadie ha podido demostrar que Báez Cocco extrajo capitales del banco para su provecho personal.
Sin embargo, admitió que incurrió en delitos que están sancionados por la Ley de Banco número 708 al incurrir en la borradura de prestamos y la emisión de documentos confidenciales para pagar y alimentar la cuenta que operaba Ramón Báez Figueroa.
Reiteró que el caso BANINTER desde el principio fue mal instrumentado debido a que el juez del instrucción del Séptimo Juzgado, Eduardo Sánchez Ortiz, al ser apoderado de la investigación, debió expulsar a la autoridades monetarias y financieras y asumir “el control de los archivos para investigar qué ocasionó la quiebra del banco y no limitarse a recibir las documento que ellos habían remitido”.
Todavía falta por escuchar las conclusiones de los abogados de Vivian Lubrano de Castillo, Luis Álvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa, quienes también están acusados de participar en el desfalco de la citada institución bancaria.
El Ministerio Público pidió una condena que oscila entre 20 y seis años de prisión para los implicados en el caso.
La querella contra los imputados fue presentada el 14 de mayo del 2003 y la quiebra del Baninter implicó 55 mil millones de pesos.
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