El documento, aprobado por el pleno del tribunal comicial el pasado miércoles, establece que en los lugares donde se realicen actos públicos que involucren a instituciones del Estado no se podrán hacer marchas, mítines, pancartas, letreros, propagandas o cualquier actividad política que irrespete la solemnidad institucional.
Asimismo, que los propietarios y directivos de medios de comunicación deben dar un trato igualitario a todas las agrupaciones políticas durante la campaña.
Esas tarifas no pueden exceder las que rigen para comerciales, profesionales, personales o de cualquier otra naturaleza que haya regido durante los tres meses anteriores a la apertura formal de la campaña electoral.
En caso de que algún medio de comunicación viole las disposiciones, el candidato u organización política podrá acudir a los tribunales judiciales amparados, según el reglamento, en el artículo 94 de la ley 275-97.
Establece que si algunos de los candidatos considera que por algún medio de comunicación se ha publicado una información que considere inexacta o que lo perjudique puede ejercer el derecho de rectificación en un plazo de tres días.
El reglamento indica que los partidos políticos no podrán realizar actividades en el mismo lugar y el mismo día en que otros realicen sus actos y prohíbe el uso de fuegos pirotécnicos, de pólvora u otros materiales inflamables.
Instituye que los partidos deben presentar ante la JCE, mínimo dos meses antes de las elecciones, la proyección de los gastos de la campaña y establece como tope la suma del partido que presente mayor presupuesto. Precisa que “en ningún caso esa suma podrá ser mayor”.
Establece que la campaña debe enmarcarse en la “más alta norma ética y moral y que deben respetarse las opiniones políticas opuestas, la dignidad humana, el derecho al buen nombre, la honra y la reputación de la persona”, entre otras disposiciones.
El reglamento señala que el pleno del tribunal comicial es el organismo competente para establecer acuerdos institucionales con los partidos políticos, medios de comunicación, e instituciones públicas y privadas para procurar la aplicación efectiva del reglamento.
Asimismo, podrá disponer de las medidas que considere adecuadas para garantizar el libre acceso a los medios de comunicación, libre tránsito y de reunión a todas las entidades que concurran a los comicios venideros.
En tanto, la Cámara Administrativa tendrá la responsabilidad de implementar las medidas administrativas relacionadas al reglamento, en especial las normas relativas a la propaganda política, así como cualquier otra dirigida a garantizar el derecho al sufragio y la equidad en la campaña del próximo año.
Sobre las encuestas, la Junta Central Electoral creará un registro de las firmas encuestadoras a las que otorgará un número de registro oficial.
El reglamento, además, dispone que sólo podrán publicarse sondeos de opinión hasta cinco días antes de las elecciones.
Dará a conocer su opinión en los próximos días
El PRD dice que aún no lo ha estudiado
PRSC forma comisión que lo analizará
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