SANTO DOMINGO.- El Banco Central definió ayer como un escarceo jurídico sin ningún asidero y valor un embargo dispuesto a las cuentas de la institución por el Juez de la Segunda Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, atendiendo una demanda de ex ahorrantes del Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), apéndice del desaparecido Grupo Financiero Nacional.
De inmediato, la institución apeló el fallo dictado por el citado tribunal, aunque dijo que la instancia que tomó la decisión desconoció que se trata de un organismo inembargable, conforme lo establece el artículo 16, literal A, de la Ley monetaria y Financiera. Confió en que la Corte enmendará el error cometido por el tribunal inferior.
La acción legal, rechazada por el BC en un documento dado a conocer anoche por la Gerencia de Comunicaciones, incluye al Banco León, entidad que adquirió a Bancrédito poco después de que esa institución financiera fuera intervenida por la autoridad Monetaria y Financiera. El embargo es por RD$893 millones.
“El Banco Central considera que se trata de un simple escarceo sin ningún asidero jurídico que, por tanto, no tiene la menor trascendencia”, dijo. El juez que autorizó bloquear las cuentas del BC y del Banco León es Pedro Reynaldo Vásquez Lora.
Indicó que el reclamo que hacen los demandantes es parte de una litis entre depositantes “de empresas vinculadas al Grupo Financiero Nacional, constituidas fuera del territorio dominicano”. Se trata de las filiales de Bancrédito e n Panamá y Gran Caimán.
“Los depositantes pretenden oponer dicho reclamo al Banco Central y al Banco León sobre la base de un irregular acuerdo firmado con las autoridades anteriores”, observó la institución. Bancrédito era regenteado por Arturo Pellerano y otras personas sometidas a la Justicia.
Sin embargo, el BC dijo que ese acuerdo “está siendo demandado en nulidad”, porque viola “flagrantemente el artículo 15 de la Ley Monetaria y Financiera”, la cual prohíbe al Banco Central otorgar financiamientos o comprometerse por terceros.
Agregó que Pellerano y los antiguos accionistas del desaparecido grupo enfrentan cargos en los tribunales por alegada “falsedad de escritura pública, asociación de malhechores y violación del artículo 80 de la Ley 183-02, que castiga la falsedad en los estados financieros”.
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