La decisión del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, de excluir a la Editora Listín Diario del grupo de empresas de Ramón Báez Figueroa pasibles de incautación como fruto del fraude contra el Banco Intercontinental, se ha constituido en elemento efectivo para que ahora el ex presidente Hipólito Mejía acuse al presidente Leonel Fernández de intervenir en la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La decisión de Jiménez Peña sorprendió a todo el mundo, toda vez que la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) había mostrado cierta coherencia en el mantenimiento de los cargos contra el grupo de acusados del fraude, Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano, Luis Álvarez Renta y Jesús María Troncoso, hasta que el jefe administrativo de esa dependencia cambió de posición.
Para muchos, el costo político que pudiera estar pagando el presidente Fernández se origina en que Jiménez Peña forma parte del grupo íntimo de Báez Figueroa, lo que ha sido señalado en varias ocasiones.
El sábado 27 de octubre el analista Juan Bolívar Díaz Santana observaba en su análisis del periódico “Hoy” que el procurador se considera “cercano a los abogados del principal acusado”.
“A esas afinidades se atribuye el hecho de que cuando el Ministerio Público presentaba sus conclusiones en el juicio, a último instante variara la petición de que se incluyera al Listín Diario entre los bienes cuya confiscación se solicitaba al igual que la autoridad monetaria y financiera”, afirma Díaz Santana.
La actuación del Ministerio Público vino a confirmar una verdad demasiado visible, la división del actual gobierno en el caso, toda vez que la Autoridad Monetaria y Financiera ha mostrado una posición clara, sistemática y firme en perseguir el fraude contra Baninter y que haya la debida sanción a los culpables.
En efecto, la Junta Monetaria aprobó el viernes 26 de octubre, a unanimidad, apelar los recientes fallos judiciales sobre el Baninter y el Banco Nacional de Crédito.
La DPCA depositó un recurso de oposición contra la resolución de la juez presidente del Tercer Tribunal Colegiado que declaró nulo el proceso contra los ejecutivos de Bancrédito. Pero todavía el Ministerio Público no ha definido su posición respecto a la sentencia del caso Baninter.
La actuación dudosa, en contradicción con la voluntad de la Junta Monetaria, ha posibilitado que el ex presidente Mejía la emprenda contra el presidente Fernández, a quien acusó de intervenir para que la sentencia favoreciera a los implicados en el fraude.
El mandatario reaccionó rápidamente, y tildó tal declaración de falta de seriedad.
No hay que descartar que la actuación del Ministerio Público se convierta en un tema más de campaña contra la administración Fernández, que luce a la defensiva, en éste y otros casos, como los financiamientos a través de la Sund Land.
La percepción más generalizada es que el Gobierno debería actuar con la debida transparencia, no sólo porque se debate en un proceso electoral, sino porque se supone que la Junta Monetaria y el Banco Central son instituciones del Estado que reclaman resarcimiento y el Ministerio Público debería ser precisamente su mayor garante.
FERNÁNDEZ Y LA JUSTICIA
El criterio más extendido es que la actuación del Ministerio Público en el caso Baninter coloca al presidente Fernández en una situación muy incómoda. Según informaciones de muy buena fuente, al Presidente se le habló más de una vez (sectores influyentes de su propio Gobierno) de buscarle una “salida” al fraude a Baninter y sobre todo, en lo relativo al periódico Listín Diario.
La versión más reconocida es que el Presidente se ha negado sistemáticamente a actuar en ninguna dirección conveniente.
El parecer del mandatario ha sido que el caso sea dirimido en la justicia, y en tal virtud se ha eximido de intervenir, tanto ante la Gobernación del Banco Central, como ante la Procuraduría General de la República, dejando a sus incumbentes las decisiones que mejor entiendan en atención al interés público.
La Autoridad Monetaria hizo lo que entendía, y la Procuraduría General de la República también…
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