Miami, Florida. República Dominicana disfruta de un clima de libertad de prensa, pero es amenazado por una “preocupante tendencia a la intolerancia” sobre la función crítica de la prensa, advirtió aquí el director de El Caribe.
La advertencia figura en un informe que Manuel A. Quiroz presentó en su condición de vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP), que celebra en esta ciudad su sexagésima tercera asamblea general. A continuación, el texto íntegro de la exposición:
“En la República Dominicana se disfruta de un amplio clima de libertad de prensa. Los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos ejercen esa prerrogativa publicando noticias y comentarios sobre los más variados temas de la vida social, económica y política del país, sin restricciones en cuanto a su naturaleza polémica o controvertida, lo que facilita el derecho del público a recibir un volumen apreciable de informaciones con enfoques diversos.
“En la República Dominicana se disfruta de un amplio clima de libertad de prensa. Los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos ejercen esa prerrogativa publicando noticias y comentarios sobre los más variados temas de la vida social, económica y política del país, sin restricciones en cuanto a su naturaleza polémica o controvertida, lo que facilita el derecho del público a recibir un volumen apreciable de informaciones con enfoques diversos.
Sin embargo, como hemos expuesto en otros informes, persiste una preocupante tendencia a la intolerancia sobre la función crítica de la prensa por parte de representantes de algunos actores de la vida nacional, que quieren un periodismo anodino o complaciente que renuncie a su sagrada misión de tratar todas las cuestiones de interés general, aunque afecten intereses particulares o la susceptibilidad de algunos personeros.
Este intento de doblegar a los medios independientes se manifiesta principalmente a través de frecuentes demandas por supuestos casos de difamación e injuria.
La mayoría de estos procesos son desestimados en los tribunales, pero su recurrencia se ha convertido en un elemento de permanente perturbación para que ejecutivos de medios puedan concentrarse en lo que debe ser su función básica: estar atentos a todos los asuntos relevantes que puedan interesar al público e idear trabajos que contribuyan a una provechosa edificación de la opinión pública en general, sin estar sometidos a posibles temores o amenazas.
Esta situación ha dado origen a una corriente, que está tomando cuerpo, para impulsar una iniciativa dirigida a lograr que mediante una ley se despenalicen los llamados delitos de prensa, como en algunos casos se ha propuesto y también logrado en otras naciones del hemisferio.
La intolerancia tiene en ocasiones manifestaciones violentas como la que sufrió el periodista y comentarista Marino Zapete, que fue atacado por el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, cuando producía su programa en una estación de televisión.
El caso ha sido planteado en la Justicia y está pendiente aun de un dictamen. Algunos periodistas también han denunciado amenazas de muerte que relacionan directamente con exposiciones y comentarios realizados en programas de radio y televisión, por lo que han tenido que recurrir a los servicios de escoltas.
Recientemente, un proyecto de reglamento presentado por la Junta Central Electoral (JCE) para establecer regulaciones durante la campaña electoral suscitó gran preocupación, debido a la inclusión de disposiciones consideradas violaciones de principios fundamentales consignados en la Constitución y en leyes adjetivas en que el legislador ha contemplado previsiones para reforzar las garantías de un pleno estado de derecho y el disfrute de las libertades públicas.
Después de las observaciones y advertencias formuladas por algunos medios, el tribunal de elecciones ha garantizado que en la aprobación final del citado reglamento se procederá a suprimir cualquier aspecto que pueda afectar la expresión y difusión del pensamiento.
Aunque la declaración ha sido acogida con beneplácito, nos mantendremos vigilantes para evitar que cualquier medida, aunque sea bien intencionada y provenga de un estamento oficial, pueda constituirse en un obstáculo para disminuir la libertad de los medios para informar sin ningún tipo de cortapisas.
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