En una rueda de prensa, efectuada en la casa presidencial de la organización, el secretario de Economía y Planificación, Temístocles Montás, reconoció que el gobierno firmó un aval para que la empresa SundLand Corporation obtuviera recursos por 130 millones de dólares, pero, según dijo, esa es una acción legal. Dijo que esa acción del gobierno no afecta las operaciones en el país del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mostró documentos según los cuales el ex presidente Hipólito Mejía firmó en el 2001 cuatro poderes para que el entonces secretario de Obras Públicas, buscara recursos que ascienden a US$155 millones para favorecer la compañía Wordwide Trading Consulting.
Mientras, en el 2002 supuestamente Vargas Maldonado solicitó al ex administrador del Banco de Reservas, Manuel Lara, cinco cartas de crédito por 25 millones de dólares en iguales condiciones.
Refirió que el acápite c del artículo 5 de la Ley 6-06 establece que “no son crédito público los contratos de obras a realizar en más de un ejercicio financiero, cuyo pago se estipule realizar en la medida en que se realice la cubicación de la obra”.
“Lo que queremos llamar la atención es que una acción del gobierno que no viola la ley de crédito público está siendo cuestionada por ellos, cuando hicieron operaciones similares en el gobierno pasado”, sostuvo.
En la rueda de prensa estuvieron el jefe de campaña del PLD, Francisco Javier García; la secretaria de Educación, Alejandrina Germán, entre otros.
Al ser difundida parte de una entrevista suya en el programa Nuria y Huchi en CDN La Radio, el legislador dijo que los US$130 millones serán saldados con los recursos correspondientes a los pagos de los contratistas de las obras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que han sido ejecutadas con ese dinero.
El PLD aseguró ayer que durante su gestión en Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, recibió US$155 millones en una operación similar a los US$130 millones que consiguió el gobierno actual con la compañía Sunland.
El PLD emplazó a Vargas Maldonado, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), para que en 48 horas explique al país esas operaciones y el destino que dio a los recursos.
Según consta en los documentos mostrados por el PLD, esos recursos fueron destinados al programa nacional de asfaltado de carreteras, calles y caminos vecinales.
Dijo que “con esto queda demostrado que el PRD y su candidato se caracterizan por la doble moral, demagogia y falta de seriedad”.
Dice saldarán recursos
El diputado Alejandro Montás, quien preside la comisión de la Cámara de Diputados que investiga este caso, explicó que el contrato con la Sunland fue hecho mediante un aval que otorgó el presidente Leonel Fernández, sustentado en la Ley 14-86, al director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista.
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