SANTO DOMINGO.- La Secretaría de Medio Ambiente informó ayer que el descargo a los acusados de introducir el rockash al país implica que los ciudadanos tendrán que pagar con sus impuestos los costos de limpieza de la basura industrial que se depositó en la playa de Arroyo Barril, Samaná, a principios de 2004.
“Para solucionar el problema de dispersión en el aire y deslizamiento al mar del material, el Gobierno se verá forzado a asumir mediante un fondo especial los RD$3.50 por metro cúbico por kilómetro que cobrará la empresa que ganó la licitación pública que recoge y traslada de manera segura el material hasta la cementera de San Pedro de Macorís, donde está siendo sometido a una transformación térmica”, manifestó.
El Ministerio Público acusó a René Ledesma y Arsenio Borges de violar la ley de permisología, la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Convención de Basilea de 1989 y la Ley 218-84 sobre vertidos de desechos, que prohíben la importación de este tipo de materiales al país sin previo estudio de impacto ambiental.
Medio Ambiente precisó que la decisión de las juezas Saturnina Rojas, Wendy Valdez e Indira Paulino se basó en que no se pudo comprobar que el rockash fuera basura, lodo cloacal o desecho contaminante, lo que además ignora el hecho de que el material es la ceniza residual de la combustión de la planta termoeléctrica de AES en Guayama, Puerto Rico.
El Ministerio Público había pedido al Tribunal que multara con RD$100 millones a Ledesma y con RD$25 millones a Borges para que el costo de reparación del daño no fuera asumido por los afectados, que han sido los contribuyentes.
Max Puig, secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que el caso del rockash no es un problema solo de la Secretaría de Medio Ambiente, del movimiento ambiental y de las poblaciones de Samaná y Montecristi donde se depositó el rockash, sino de todo el país.
Expresó que el daño económico y sanitario al ambiente costero-marino de la bahía de Samaná, se mide a corto plazo por la merma de las visitas turísticas y las inversiones que han retirado sus propuestas de la zona; a largo plazo tiene repercusiones ecológicas el hecho de que gran parte del rockash se deslice a la bahía, un espacio protegido para las ballenas jorobadas y una de las principales fuentes de alimentación de la población.
Puig llamó a todos los sectores a mantenerse atentos a este proceso, que continúa a partir de este viernes 28 de julio cuando será leída la sentencia íntegra. Reiteró que decisiones como esta dañan la imagen internacional y envían el mensaje de que en República Dominicana no se respetan las leyes, no hay garantías y reina la impunidad ante un delito ambiental, permitido por particulares, que tiene que ser costeado por toda la sociedad.
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