SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo se encuentra bajo la lupa por varios contratos y préstamos sometidos al Congreso Nacional que han sido aprobados, mientras que otros han sido cuestionados por diferentes sectores.
Entre esos proyectos se encuentran el préstamo para el equipamiento de la Policía Nacional por un monto de US$132 millones, en el que se desglosa que un computador portátil tendrá un valor superior a los US$9 mil, mientras que algunos vehículos costarían más de US$49 mil.
También el Gobierno revivió el proyecto de construcción de la isla artificial por parte de la empresa Novo Mundo Siglo XXI, que fue rechazado por diferentes sectors, principalmente los grupos ecologistas.
Con relación a la iniciativa a favor de la Policía, La Comisión Nacional de Ética y Combate de la Corrupción aplazó una reunión que iba a celebrarse hoy para estudiar el recién aprobado préstamo de US$132 millones para el equipamiento de la uniformada, mientras trascendió que el presidente Leonel Fernández podría disponer el retiro del proyecto ante los cuestionamientos de diferentes sectores del país.
El director ejecutivo de la entidad, Pedro Durán, informó que la discusión podría producirse en los próximos días. La reunión de hoy fue aplazada ante la ausencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio.
El préstamo ascendente a más de US$132 millones será destinado a comprar equipos tecnológicos para la Policía a las compañías extranjera The Sun Land Group y Florida Export Financial Corporation
Diferentes sectores han pedido la revisión del proyecto.
El movimiento cívico Participación Ciudadana solicitó a la Procuraduría General de la República y al Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco) realizar una investigación sobre el contrato de préstamo para el equipamiento de la Policía Nacional, el cual asciende a 132 millones de dólares, debido a que a su entender el mismo está plagado de irregularidades que podrían ser perjudiciales al interés del país.
El coordinador general del organismo, Paulo Herrera Maluf, le hace la solicitud al procurador general, Francisco Domínguez Brito, y al director del Depreco, Octavio Líster, a través de una misiva en la que le anexa copia del contrato.
En el documento Herrera Maluf asegura que el contrato firmado recientemente por el Gobierno dominicano con las firmas The Sun Land Group LLC y Florida Export Financial Corporatión, a simple lectura y análisis arroja anomalías que no pueden ser pasadas por alto por nadie que se preocupe por el buen uso de los recursos del Estado.
Entre las irregularidades señala: sobrevaluaciones extremadamente altas en los precios de vehículos y equipos a ser adquiridos, falta de especificaciones técnicas de los vehículos y equipos, como marcas, modelos, accesorios, capacidades, entre otros, y falta de concurso nacional e internacional para una compra de los montos especificados.
Leonel reintrodujo al Senado Proyecto de la isla artificial
El Poder Ejecutivo remitió ayer al Senado varios documentos para que los incorpore al estudio y discusión de la denominada isla artificial, a través del contrato para la Construcción, Desarrollo, Explotación y Operación del Proyecto Contiguo a la Costa Sur de la Ciudad de Santo Domingo, Novo Mundo Siglo XXI.
La remisión de los documentos parece contradecirse con declaraciones del vocero gubernamental Roberto Rodríguez Marchena, quien anunció el 10 de enero de este año el retiro del apoyo del gobierno a la isla artificial.
Mediante el oficio 865, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, remite al presidente del Senado, Andrés Bautista García, la decisión de la firma Santo Domingo Re-Development, Ltd., de aceptar varias enmiendas al contrato para establecer un "equilibrio económico."
Pina Toribio expresa que Emilio González Calderón, apoderado de la citada empresa, remitió al Presidente Leonel Fernández, el 18 de julio cursante, la resolución unánime de la Junta de Directores, aprobada el 18 de junio del 2006, que acoge las enmiendas.
Específicamente, la resolución acoge la eliminación de los acápites 3 (f) y 3 (i), del artículo 14 del contrato, dada la objeción que se les hizo en una sesión de vistas públicas del Senado, expresa la comunicación.
La eliminación de los citados acápites del contrato Novo Mundo Siglo XXI buscan un "equilibrio económico" respecto al peso y el dólar estadounidense o las monedas duras de las que dependa el financiamiento del proyecto.
La construcción de la isla artificial en el litoral Sur de Santo Domingo fue otorgada a la citada firma a través del contrato suscrito el 15 de junio del 2005 entre el Estado y la Santo Domingo Re-Development, Ltd.
La construcción de la isla artificial de un millón de metros cuadrados fue propuesta al Gobierno por el arquitecto español Ricardo Bofil y los dominicanos Pedro José Borrel y Gustavo Moret.
La obra se extendería en el litoral Sur comprendido entre las intersecciones de las avenidas George Washington y Abraham Lincoln, al Oeste, y la George Washington y la Cambronal, al Este.
La isla artificial no tendría ningún costo para el Estado, ya que sería levantada por inversionistas privados, según el contrato de concesión de la obra.
Según los proponentes, el proyecto incluye la renovación completa del frente marítimo de la ciudad de Santo Domingo para volcar la urbe hacia el mar y diseñar un nuevo horizonte que mejoraría la relación entre la ciudad y el mar.
Con la remisión de los citados documentos, el gobierno parece retomar el proyecto de la isla artificial, criticado por diversos sectores que, entre otras desventajas, advierten que la obra convertiría el Malecón en un traspatio.
El vocero gubernamental, Rodríguez Marchena, declaró el 10 de enero pasado que el gobierno retiró su apoyo a la construcción de la isla artificial en razón del desinterés de parte de los promotores dominicanos.
Precisó entonces que los promotores locales, Eulogio Santaella y los arquitectos Borrel y Moret, "han desistido por diferencias internas de ellos mismos."
--Otros acuerdos--
Por otra parte, el Presidente Leonel Fernández sometió al Senado el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear y la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, de fechas respectivas, 14 de septiembre del 2005 y tres de marzo del 1980.
Conforme al primero, los estados firmantes prohibirán las actividades ilegales de personas, grupos y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o financien asistencia técnica, información o participación sobre el manejo de material radiactivo o nuclear para la comisión de delitos.
Dispone que los estados cooperarán mediante legislaciones y otras medidas para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de delitos.
En otro orden, parte de los objetivos de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares es prevenir los peligros que se puedan plantear en el uso de esos productos.
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