SANTO DOMINGO (AP).- La protección de las entidades públicas, funcionarios y dignatarios pasará ahora a ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas, para que unos 3.000 agentes de la Policía Nacional queden liberados de esa labor y se dediquen al patrullaje de las calles para hacer frente a la delincuencia.
La disposición está contenida en un decreto hecho público ayer, al igual que otros que dispone que las actividades administrativas de la Policía sean realizadas por un nuevo cuerpo denominado "Policía Auxiliar", para que así haya más agentes disponibles en las calles.
En los últimos meses han aumentado las quejas por la delincuencia, aunque las estadísticas oficiales indican que en lo que va del presente año se han reducido los homicidios.
La Policía Nacional está conformada por unos 30.000 agentes, pero menos de 10.000 se dedicaban a las actividades de patrullaje en un país de más de 8 millones de habitantes.
La semana pasada el presidente Leonel Fernández encabezó un Consejo de Gobierno ampliado para tratar lo relativo a la delincuencia, decidiendo la adopción de un paquete de medidas, entre las que se incluyó el controlar los horarios para la venta de alcohol, prohibir temporalmente la importación de armas de fuego y una reestructuración de la Policía Nacional.
Se estima que unos 3.000 agentes policiales se dedican a la protección de entidades públicas, funcionarios y dignatarios, misión que ahora será realizada por militares.
Otra de las medidas anunciadas ayer es la creación del Consejo Nacional de Seguridad, que en lo adelante tendrá la responsabilidad de sugerir al Presidente de la Repúblicas acciones para combatir la delincuencia.
Ese nuevo organismo está conformado por los secretarios de Interior y Policía, que lo encabezará; el de las Fuerzas Armadas, el Procurador General de la República, el jefe de la Policía, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el asesor del Poder Ejecutivo para programas de lucha contra narcotráfico.
Desde el pasado jueves se han iniciado también los patrullajes mixtos, realizados por agentes policiales y militares de manera conjunta.
Esas mismas patrullas tienen a su cargo obligar que sea acogida la regulación de los horarios para la venta de alcohol, medida que ha generado protestas por parte de propietarios de los negocios dedicados a esa actividad y artistas por entender que eso afectaría el negocio de la diversión.
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