SANTO DOMINGO.- El supuesto “error” cometido por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo que permitió que el cuestionado proyecto de construcción de la isla artificial fuera reactivado en el Congreso y aprobado de manera subrepticia el último día de la legislatura, permanece aún sin responsables tanto a nivel gubernamental como a nivel político.
Aún está como un misterio y sin la debida aclaración una carta firmada de puño y letra por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y enviada al presidente del Senado, Andrés Bautista García, en fecha 19 de julio, para que se incorporaran nuevos documentos a la discusión del contrato de la isla artificial.
EL DÍA tiene más de cuatro días por comunicarse con Pina Toribio para que explique las razones de la “confusión”, pero éste no contesta el teléfono.
El vocero de la presidencia, Rafael Núñez, ha sido categórico que al presidente Leonel Fernández y al Gobierno no le interesa el proyecto y definió como una confusión, que nunca explicó, el documento enviado desde la Consultoría Jurídica al Senado.
El PLD, una organización en la que no se acepta la disidencia, tampoco se ha pronunciado con relación a la bancada de diputados, que defendieron y promovieron “la necesidad de aprobar el proyecto”, encabezado por el vocero Elías Serrulle, mientras Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo se pronunciaron en contra. En el Senado también lo había hecho José Tomás Pérez.
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