SANTO DOMINGO.- El presidente Leonel Fernández anunció ayer un paquete de acciones de emergencia para combatir la delincuencia y la criminalidad, especialmente el narcotráfico, porque se trata de males que mantienen aterrorizada a la ciudadanía, tras advertir que los criminales comenzarán a sentir todo el peso de la ley.
Fernández dispuso la implementación inmediata de patrullas mixtas, integradas por guardias y policías, para lograr que la ciudadanía se sienta protegida, además del retorno a los cuarteles de todos los agentes que ofrecen servicio en dependencias públicas, incluidos los asignados al Cuerpo de Ayudantes Militares del gobernante.
También anunció el envío a las calles de la Capital, la provincia Santo Domingo y Santiago de unos 4 mil agentes, quienes juntos a los agentes asignados a tareas ajenas a las suyas irán al patrullaje preventivo. Serán reclutados 5 mil nuevos efectivos para incorporarlos a tareas de prevención del crimen.
Otros cinco mil agentes auxiliares serán reclutados para emplearlos en tareas administrativas, mientras los agentes dedicados a esas actividades serán destinados al patrullaje en las calles.
La seguridad en las instituciones públicas y los funcionarios estará a cargo de las FF.AA. El apoyo logístico para el reforzamiento de la vigilancia policial contará con 40 yipetas, 195 carros y 140 motocicletas, en el Distrito Nacional y Santiago. La Policía será sometida a una amplia reingeniería, lo que incluye una profunda depuración que terminará con la expulsión de todo el que haya tenido problemas delictivos.
Al finalizar un Consejo de Gobierno Ampliado que duró más de nueve horas, el Mandatario dijo que el narcotráfico es uno de los causantes principales del crimen, fenómeno que será enfrentado con energía por todos los organismos de inteligencia de las FF.AA., que ayudarán en esa labor a la DNCD.
Dispuso que las agencias de inteligencia de los organismos castrenses, incluyendo el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), detecten los puestos de venta y distribución de drogas, los cuales deberán ser desmantelados, informaciones que esas instituciones deben compartir con la Policía y la DNCD. Y para tener resultados inmediatos, Fernández pidió colaboración a la Justicia en lo relativo a la autorización de allanamientos a tiempo, tomando en cuenta los impedimentos legales previstas en el Código Procesal Penal para las autoridades represivas hacer requisas domiciliarias a los sospechosos.
“La idea que nosotros tenemos es desmantelar los puestos de distribución de drogas y para desmantelarlos necesitamos el apoyo del aparato judicial, que en lugar de burocratizar y dilatar el proceso lo facilite, lo acelere y lo haga viable en el corto plazo”, reclamó el jefe de Estado, frente a varios miembros de la cúpula de la judicatura.
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