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SANTO DOMINGO.- En un decreto aparentemente ajeno a las medidas sobre control de violencia y delincuencia, el presidente Leonel Fernández ordenó el cierre de los establecimientos comerciales a partir de los horarios establecidos para la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas dispuesto en un decreto anterior.

Exceptúa de esa obligación a las áreas privadas de los centros turísticos, en las fiestas patronales de cada lugar, las fiestas nacionales de Navidad y Año Nuevo.

Con el decreto 316-06 el presidente Fernández le da sustento a las medidas que venían aplicando las patrullas mixtas de cerrar los negocios que estaban abiertos a partir de la 12 de la noche de domingo a jueves y después de las dos de la mañana de los viernes y sábados.

El decreto original emitido por el Mandatario, luego del Consejo de Gobierno ampliado del pasado lunes, sólo disponía la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas a partir de esos horarios, pero no disponía el cierro de los comercios.

Sin embargo, en una disposición del Ejecutivo relativa a los cuerpos de bomberos del país el Mandatario se refiere al cierre de los establecimientos comerciales y da facultad a las salas capitulares a disponer del cierre antes de esas horas, si por razones de seguridad así lo estima, pero siempre manteniendo como topes las 12 de la medianoche de domingo a jueves y 2:00 de la madrugada los viernes y sábados.

“Las medidas de seguridad de los establecimientos comerciales deberán incluir disposiciones de la sala capitular en cada Ayuntamiento, la cual fijará un horario tope para su municipio, en el cual debe tener como referente, entre otros, la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales y de emergencias con que cuenta la comunidad, no debiendo exceder las doce (12:00 a.m.) de la noche de domingo a jueves y dos de la mañana (2:00 a.m.) los viernes y sábados, hora límite que regirá para todo el país, exceptuando las áreas privadas de los centros turísticos, las fiestas patronales de cada lugar, las fiestas nacionales de Navidad y Año Nuevo”, indica el artículo 16 del decreto 316-06 cuando habla de la facultad de los cuerpos de bomberos municipales para ordenar cierres de establecimientos.

SANTO DOMINGO.- La Corriente Unitaria del Partido Revolucionario Dominicano realizará hoy una asamblea de dirigentes para diseñar los lineamientos a seguir en procura de obligar a los directivos de la entidad a regirse conforme a los estatutos.

El dirigente Virgilio Bello Rosa informó que el próximo jueves miembros de la Corriente Unitaria se reunirán con una comisión de la cúpula, encabezada por el secretario general Orlando Jorge Mera, para comenzar a debatir los criterios para definir el futuro del PRD y su retorno al poder.
“Nos reunimos con quien tengamos que reunirnos para determinar cuál es el futuro del PRD, porque definitivamente no podemos seguir como si fuera un entierro de pobre”, indicó.

La corriente unitaria del PRD está encabezada por los presidenciables Bello Rosa, Emmanuel Esquea, Milagros Ortiz Bosch, Rafael Suberví Bonilla, José Rafael Abinader, Tomás Hernández Alberto y el senador Jesús Vásquez.

El encuentro se efectuará a las 3:00 de la tarde en el hotel Dominican Fiesta.
“Hemos invitado a un importante grupo de dirigentes nacionales para establecer qué va hacer el PRD; si vamos a seguir por los derroteros de las derrotas o si conectaremos el partido con el pueblo”, indicó.

SANTO DOMINGO.- En los meses de enero a junio se habría alcanzado un crecimiento económico de dos dígitos, lo que permitiría terminar el año 2006 con un crecimiento similar al del año 2005, que fue de 9.3 por ciento, adelantó el Gobernador del Banco Central.

“Esto reafirmaría la tendencia de crecimiento que se viene registrando durante los últimos tres trimestres y nos permitiría asegurar que el año 2006 concluiría con un crecimiento similar al del año 2005, siempre que no ocurran acontecimientos extraordinarios, sobre todo relacionados con los precios internacionales del petróleo”, dijo Héctor Valdez Albizu.

En este sentido destacó que todo indica que el país crecerá por encima de la reciente estimación de la actividad económica que realizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la que pronostica que el país tendrá un crecimiento de 8 por ciento, el más alto de la región.

Valdez Albizu habló sobre este y otros temas durante una reunión con los directivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, con quienes compartió datos sobre el comportamiento reciente de la economía dominicana y sus perspectivas para 2006.

En su exposición, Valdez Albizu garantizó que se mantendrá la estabilidad macroeconómica recuperada en los últimos dos años y destacó que el país ha cumplido en los primeros seis meses de este año con los topes acordados con el Fondo Monetario Internacional para el resto de 2006 y destacó que pese al incremento en el precio de los combustibles, la inflación acumulada del primer semestre se este año terminó en 3.49 por ciento.

Sobre las metas fiscales, afirmó que “debimos terminar el balance del sector público no financiero con un superávit de RD$300 millones, pero lo terminamos en aproximadamente 400 millones, igualmente, las transferencias al Banco Central debieron ser de 1,720 millones, pero recibimos 1,763 millones, para una holgura de 43 millones”.

Agregó que los activos internos netos del Banco Central podían aumentar hasta un monto de RD$8,000 mil millones de pesos, pero estos disminuyeron en RD$800 millones sobrepasando la meta con el Fondo Monetario en RD$8,800 mil millones de pesos, una verdadera hazaña.

Mencionó además que se cumplieron las metas de cero atrasos por parte del Gobierno, así como la meta que establecía ciertos topes a la contratación de deuda externa y resaltó el cumplimiento de todas la metas monetarias establecidas en el Acuerdo.

SANTO DOMINGO.- El supuesto “error” cometido por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo que permitió que el cuestionado proyecto de construcción de la isla artificial fuera reactivado en el Congreso y aprobado de manera subrepticia el último día de la legislatura, permanece aún sin responsables tanto a nivel gubernamental como a nivel político.

Aún está como un misterio y sin la debida aclaración una carta firmada de puño y letra por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y enviada al presidente del Senado, Andrés Bautista García, en fecha 19 de julio, para que se incorporaran nuevos documentos a la discusión del contrato de la isla artificial.

EL DÍA tiene más de cuatro días por comunicarse con Pina Toribio para que explique las razones de la “confusión”, pero éste no contesta el teléfono.

El vocero de la presidencia, Rafael Núñez, ha sido categórico que al presidente Leonel Fernández y al Gobierno no le interesa el proyecto y definió como una confusión, que nunca explicó, el documento enviado desde la Consultoría Jurídica al Senado.

El PLD, una organización en la que no se acepta la disidencia, tampoco se ha pronunciado con relación a la bancada de diputados, que defendieron y promovieron “la necesidad de aprobar el proyecto”, encabezado por el vocero Elías Serrulle, mientras Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo se pronunciaron en contra. En el Senado también lo había hecho José Tomás Pérez.

SANTO DOMINGO (AP).- La protección de las entidades públicas, funcionarios y dignatarios pasará ahora a ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas, para que unos 3.000 agentes de la Policía Nacional queden liberados de esa labor y se dediquen al patrullaje de las calles para hacer frente a la delincuencia.

La disposición está contenida en un decreto hecho público ayer, al igual que otros que dispone que las actividades administrativas de la Policía sean realizadas por un nuevo cuerpo denominado "Policía Auxiliar", para que así haya más agentes disponibles en las calles.

En los últimos meses han aumentado las quejas por la delincuencia, aunque las estadísticas oficiales indican que en lo que va del presente año se han reducido los homicidios.

La Policía Nacional está conformada por unos 30.000 agentes, pero menos de 10.000 se dedicaban a las actividades de patrullaje en un país de más de 8 millones de habitantes.

La semana pasada el presidente Leonel Fernández encabezó un Consejo de Gobierno ampliado para tratar lo relativo a la delincuencia, decidiendo la adopción de un paquete de medidas, entre las que se incluyó el controlar los horarios para la venta de alcohol, prohibir temporalmente la importación de armas de fuego y una reestructuración de la Policía Nacional.

Se estima que unos 3.000 agentes policiales se dedican a la protección de entidades públicas, funcionarios y dignatarios, misión que ahora será realizada por militares.

Otra de las medidas anunciadas ayer es la creación del Consejo Nacional de Seguridad, que en lo adelante tendrá la responsabilidad de sugerir al Presidente de la Repúblicas acciones para combatir la delincuencia.

Ese nuevo organismo está conformado por los secretarios de Interior y Policía, que lo encabezará; el de las Fuerzas Armadas, el Procurador General de la República, el jefe de la Policía, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el asesor del Poder Ejecutivo para programas de lucha contra narcotráfico.

Desde el pasado jueves se han iniciado también los patrullajes mixtos, realizados por agentes policiales y militares de manera conjunta.

Esas mismas patrullas tienen a su cargo obligar que sea acogida la regulación de los horarios para la venta de alcohol, medida que ha generado protestas por parte de propietarios de los negocios dedicados a esa actividad y artistas por entender que eso afectaría el negocio de la diversión.

SANTO DOMINGO.- En la kilométrica sesión celebrada por la Cámara de Diputados el pasado miércoles, la cual correspondió a la última de la primera legislatura ordinaria de 2006, los diputados aprobaron 51 proyectos de creación y aumento de pensiones por un monto de RD$ 845,000.

De 134 puntos que contenía la agenda del día, sin contar los que fueron introducidos a última hora, como la isla artificial y el préstamo de 14 millones de euros para la construcción del metro, 83 de ellos correspondían a concesión o aumento de pensiones, cuyos montos fueron establecidos desde RD$10,000 hasta RD$50,000.

Entre los agraciados se encuentran agrónomos, médicos, ex diputados y personas particulares. Se aprobó una pensión de RD$50,000 a Juana Emilia Uribe Moreau, Mayra Ruiz Concepción y Mercedes Angélica Camarena Abreu, mientras que Jorge Napoleón Holguín recibirá RD$43,200.

La mayoría de esos proyectos fueron aprobados previamente por el Senado, por lo que deberán pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazo. De los proponentes encabezan la lista los senadores Cesar Santiago Rutinel (Tonty), Cesar Augusto Matías (Yayo), Pedro Antonio Luna, Enriquillo Reyes y la diputada Soraya Chaín.

Sin embargo, quedó aplazado para la próxima sesión que integrarán los nuevos congresistas, a partir del 16 de agosto, el proyecto de ley que sustituye la Ley 3455 sobre organización municipal. Dicho tratamiento fue pedido por el vicepresidente de la Cámara Baja, Hugo Rafael Núñez, proponente de la referida iniciativa.

SANTO DOMINGO.- El geólogo Osiris de León consideró inconcebible que el Congreso Nacional aprobara el contrato de concesión para la construcción de una isla artificial cuando sus promotores aún no han realizado el estudio más mínimo que sustente el proyecto.

De León consideró que es imposible que el país apruebe una concesión cuando los promotores no cuentan con los estudios mínimos de batimetría, el nivel de las aguas del mar, la cantidad de sedimento depositado en la zona por el río Ozama, la forma como harían el dragado debajo del mar para compactar el terreno a levantar, el lugar de donde sacarían las bloques de rocas que se necesitan para rellenar un millón de metro cuadrados y el comportamiento del terreno a construir ante un fenómeno atmosférico.

“Es una irresponsabilidad mayúscula aprobar un proyecto sin que exista ningún tipo de estudio; simplemente una idea vaga”, afirmó el geólogo .

Consideró oportuno que el presidente Leonel Fernández rechace el contrato tras estimar que es un proyecto de grandes envergadura y de largo tiempo, y como el Estado es garante tendrá que garantizar los recursos invertidos cuando un fenómeno natural provoque daños a la propiedad.

SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional informó ayer que en el primer día de operativos mixtos entre policías y militares fueron detenidas 206 personas y siete armas quedaron incautadas, no obstante, dijo que todos los negocios de expendio de bebidas alcohólicas acataron la disposición gubernamental, cerrando sus puertas a partir de la hora establecida.

En cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Consejo de Gobierno para combatir la delincuencia, la jefatura de la Policía informó que según los resultados preliminares del patrullaje de la noche del miércoles fueron requisadas 1,119 personas, de las cuales 206 quedaron apresadas por supuesta vinculación con hechos delictivos.

También fueron ocupadas siete armas de fuego y nueve armas blanca, asimismo requisaron 1,371 vehículos y 181 motocicletas, quedando retenidos 79 automoviles y 47 motocicletas, “porque sus conductores no poseían documentos o incurrieron en violación a algunas de las disposiciones de la Ley 241 sobre Tránsito Terrestre”, explicó el jefe de la Policía, Bernardo Santana Páez.

El operativo, en el que también actuaron miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como inspectores de la Secretaría de Interior y Policía, se llevó a cabo desde las 8:00 de la noche del miércoles 26 hasta las 5:00 de la madrugada del jueves. Operativo que abarcó "todos los sectores que componen la jurisdicción del Distrito Nacional”.

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Hoteleros y Restaurantes de Santo Domingo y los comerciantes y empresarios de la zona del Malecón, así como todas las juntas de vecinos colindantes en la margen sur de la Capital se reunirán hoy para orquestar un plan de luchas y protestas a los fines de que el presidente Leonel Fernández rechace el contrato de concesión para la construcción de una isla artificial en el mar Caribe aprobado por el Congreso.

El presidente de los hoteleros de Santo Domingo, Roberto Henríquez, catalogó como una vergüenza nacional la aprobación por parte del Congreso del contrato para construir una isla frente al Malecón.

“Nosotros estamos organizando protestas porque no podemos permitir que nos roben el único atractivo que tiene la Capital”, afirmó.

Henríquez dijo que el plan de lucha se definirá hoy. Opinó que la construcción de una isla de artificial arruinaría todos los comercios y hoteles ubicados en la George Washington, debido a que la vista al mar es el atractivo de venta.

“Pero cuando tú tienes una isla en frente ¿qué tú puedes ofertar?”, se preguntó.

SANTO DOMINGO.- El director de Información y Prensa de la Presidencia, Rafael Núñez, catalogó la construcción de una isla artificial frente al Malecón de Santo Domingo como un proyecto fallido, el cual no será aprobado por el presidente Leonel Fernández.

Núñez dejó claramente establecido que Novo Mundo XXI, que auspicia el arquitecto español Ricardo Bofil, es un proyecto que “zozobró y fracasó”, sobre el cual el Gobierno no tiene el más mínimo interés y que si los que promovieron su aprobación en el Congreso quieren su promulgación, entonces “tendrán que buscarse otro presidente que no sea Leonel Fernández”.

Núñez también definió como una confusión la comunicación enviada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional haciendo modificaciones a la pieza, previo a su aprobación acelerada durante la madrugada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

“Si los que provocaron esa aprobación en el Congreso quieren que un presidente la firme, tendrán que buscar otro presidente para que promulgue ese proyecto de ley y aquí no se puede hacer un proyecto de ese tipo si el Gobierno no lo avala”, manifestó.

Dejó claro que la construcción de la isla de la fantasía no es interés del Gobierno y que por tanto nadie se atreve a “sacar una lata de agua del mar Caribe sin el consentimiento del Gobierno”.

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados convirtió en ley esta madrugada el proyecto de construcción de la isla artificial. La iniciativa fue acogida a pesar de que la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal pidió que fuera enviada a una comisión especial.

Igual situación corrió el proyecto de la isla artificial en el Senado de la República, donde fue aprobado la madrugada del miércoles, desoyendo el clamor de la sociedad dominicana, el proyecto de concesión para la construcción de una isla artificial frente al Malecón de Santo Domingo.

Quince legisladores del Partido Revolucionario Dominicano sorprendieron a las 3:00 de la mañana al aprobar de manera apresurada el proyecto de la isla artificial y desafiando la decisión de la Comisión Política del PRD y de su presidente y secretario general, Ramón Alburquerque y Orlando Jorge Mera, quienes dieron instrucciones expresas de rechazar la pieza.

El único senador con que cuenta el Gobierno, José Tomás Pérez, votó en contra de la isla artificial, igual que el presidente de los senadores, Andrés Bautista, y el vocero de los legisladores perredeístas Tomy Durán Garden, así como Vicente Castillo, Jesús Vásquez, Manuel Emilio Ramírez Pérez, Víctor Méndez y Celeste Gómez Martínez.

A favor de la misma votaron César Díaz Filpo, quien presidió la comisión especial que estudió el proyecto; Ángel Dignóscrate Pérez, quien leyó el informe a favor y motivó su aprobación; Fausto López Solís, Ramiro Espino, Bernardo Alemán, Enrique Seijas, Alejandro Santos, Juan Morales, Tonty Rutinel Domínguez, Pedro Antonio Luna, Sucre Muñoz y Tony del Villar.

Mientras que los senadores Dagoberto Rodríguez Adames y Melania Salvador abandonaron la sesión. Se daba como un hecho que con el retiro de los senadores que estaban en contra de la pieza su conocimiento se caía por falta de quórum y se conocería posteriormente.

El informe de la comisión especial, leído por el senador de Pedernales, se basó en detallar lo que era el proyecto, una repetición de la exposición que hicieran a finales del pasado año sus promotores, cuando tenían la presión de todos los sectores representativos de la sociedad que repudiaron el proyecto. Se recuerda que en una vista pública celebrada en el Salón de la Asamblea Nacional, 25 de 27 instituciones se pronunciaron contra la isla de la fantasía.

PRISA
Además de la prisa con que se conoció el proyecto en la sesión de la madrugada de ayer, sorprendiendo hasta su colocación en la agenda del día, el proyecto ni siquiera había llegado a los departamentos de Transcripción Legislativa y de Actas y fue remitido a la velocidad de la luz a la Cámara de Diputados.

POSICION DIPUTADOS
Al cierre de este diario, el vocero de los diputados perredeístas, Cristian Paredes, mantenía una posición radical en contra de la isla artificial, tras dejar claro que no es una prioridad, “no podemos pensar en sueños y fantasía y tenemos que aterrizar”.

“Nosotros vamos a acatar los lineamientos de nuestro partido, que es de rechazo total a esta aventura llamada isla de la fantasía”, afirmó Paredes.

Mientras que los voceros de los partidos Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao; Revolucionario Social Demócrata, Ovi Saldívar, y el vicevocero de la Liberación Dominicana, Tomy Galán, indicaron que no tenían líneas específicas de sus directivos y que si se conocía el proyecto lo ponderarían de manera crítica.

EXPULSIONES
El secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, manifestó que la desobediencia de los legisladores “no se quedará así y aunque nos quedemos solos tendrán que ser sancionados”.

En la mañana del martes, Alburquerque y Jorge Mera se reunieron con los legisladores y les impartieron instrucciones precisas contra el proyecto de la isla. Posteriormente, pasadas las 7:00 de la noche, Jorge Mera tuvo que volver al Congreso para dejarles claro la decisión de rechazo a la isla de la fantasía.

“Yo fui personalmente al Congreso y advertí claramente a nuestros legisladores de la línea del partido y definitivamente tendrá que haber sanciones para poder tener una institución de respeto”, afirmó.

SANTO DOMINGO.- El director del Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco) afirmó ayer que esa unidad enfrenta dificultades para enfrentar el robo de los recursos del Estado, por lo que pidió la colaboración de la sociedad civil para superar esas limitaciones.

Octavio Líster reclamó ayuda también a las iglesias, a las ONG, a los empresarios y a los medios de comunicación para que el proyecto tenga éxito, a partir de la insuficiencia de los esfuerzos para que esa lucha sea efectiva.

Líster habló en esos términos al encabezar la ceremonia de conmemoración del noveno aniversario de la fundación del Depreco, actividad realizada en el Salón de Actos de la Procuraduría General de la República.

A pesar de las dificultades admitidas por el procurador adjunto, el Depreco ha investigado 64 casos, de los cuales 44 han sido archivados, siete declinados, dos devueltos con opinión y solo diez han sido enviados a los tribunales.

Los casos de presunta corrupción enviados a la Justicia son el del Plan Renove, en que el Estado habría sido estafado con RD$1,800 millones y el proyecto de los Invernaderos, que envuelve una alegada estafa de RD$500 millones.

Citó el expediente que enfrenta Félix Alcántara, ex presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública; el del ex procurador Víctor Céspedes, y el que implica al condenado ex miembro de la Comisión de Fronteras, Yorman Vásquez.

SANTO DOMINGO.- Eduardo Yermenos, director médico del Centro de Diagnóstisco y Medicina Avanzada y Telemedicina (Dedimat), afirmó ayer que el riesgo de ser demandados por supuesta mala práctica obliga a los profesionales del área a actuar con temor antes de realizar una intervención.

Es por eso que en el Cedimat los familiares cercanos de pacientes deben firmar un documento “de descargo sobre los riesgos de procedimiento”, como forma de evitar cualquier acción legal y una eventual condena en los tribunales, como contempla el ordenamiento legal vigente.

Yermenos dijo que esa preocupación la tienen los médicos a propósito de nuevas sanciones previstas en el recién aprobado Código Penal, tema que según el facultativo estará en la mesa de discusión porque los profesionales de la Medicina se cuidarán de iniciar cualquier procedimiento.
Indicó que para evitar ser llevados a los tribunales, en el Cedimat “les pedimos a los familiares que hagan una firma con un descargo, porque la situación puede complicarse”, aunque aclaró que a ningún médico le gustaría que su paciente fallezca.

“Tendremos una clase médica que con mucha frecuencia va a tratar de eximirse de hacer cualquier procedimiento por temor a que venga una demanda, aunque el médico no tenga la culpa. Eso va a venir”, declaró.

Y sobre el aborto, Yermenos está de acuerdo con la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, es decir, cuando la vida de la madre está en riesgo, citando, de ejemplo, si una mujer padece de rubeola, mal que deja graves secuelas en la criatura.

SANTO DOMINGO.- A pesar de que el Senado rechazó ayer el contrato de concesión mediante el cual Bienes Nacionales traspasa la situación jurídica de los inmuebles privados del Estado a la Empresa Nacional para el Desarrollo (Enade), el administrador general de Bienes Nacionales insiste en la necesidad de aprobar dicho acuerdo.

Aristipo Vidal dijo que no comparte la opinión del Senado de que el contrato otorga “privilegios irritantes” e informó que se reuniría con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Cesar Pina Toribio, para definir cuáles son los pasos a dar al respecto.

“En la reunión actuaremos en base a la ley, vamos a ver qué es lo que procede con respecto al rechazo del Senado, veremos si lo que procede es una revisión, un desistimiento definitivo u otro tipo de medida. Nos reuniremos con Toribio porque ésta situación responde a una relación más directa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”, expresó.

No obstante, dijo que esperan encontrar alguna fórmula que les permita seguir avanzando en el contrato, pero fue categórico al reiterar que hay que esperar la orientación del presidente Fernández.

Al responder sobre las expresiones del director del Depreco, Octavio Líster, quien le llamó la atención que la empresa se contratara un año antes de aprobarse el contrato, dijo que para esa fecha no era necesario presentarlo al Congreso y que el Poder Ejecutivo decidió someterlo para mayor transparencia, además aclaró que no se hizo una licitación porque no era obligatorio.

Vidal reiteró que la institución que dirige no está en capacidad de regularizar el problema de ocupación ilegal de los terrenos del Estado por parte de particulares, porque carece de los recursos humanos y técnicos necesarios para implementar una solución inmediata.

Dijo que para regularizar esa situación se necesitan alrededor de 3000 personas trabajando en las calles y que sólo cuentan con 900. “Bienes Nacionales está en capacidad de hacer el trabajo, pero al ritmo que vamos lo solucionaríamos en unos 50 a 100 años y con Enade se estima que lo lograremos en unos 12 a 15 años, esa es la diferencia”, explicó.

Reveló que sólo de atrasos de pagos de inmuebles hay casi RD$4,000 millones y desde la colaboración de Enade, enero a junio, se han cobrado unos RD$250 millones.

SANTO DOMINGO.- Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez defendió ayer el carácter social de los impuestos y planteó la necesidad de que quien más tiene debe pagar más para que el Estado pueda garantizar el bien común.

Al celebrar la eucaristía en la Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación, Primada de América, para conmemorar el Noveno Aniversario de la fundación de la Dirección General de Impuestos Internos, su Eminencia Reverendísima destacó que durante toda la historia en todos los pueblos organizados ha existido la exigencia de pagar los impuestos, porque constituyen la base para que los gobernantes atiendan las necesidades de la población.

En el templo observaba atenta una feligresía multitudinaria compuesta principalmente por el personal de Impuestos Internos, encabezados por su director Juan Hernández y los subdirectores Germania Montás Yapur, Soraya Nivar, Carlos Santos, Roberto Estrella y Dennis Manzanillo.

Caso Verizon
Por su lado, y al terminar la eucaristía, el director general de Impuestos Internos, Juan Hernández, reiteró que el caso Verizon está en los tribunales y que por parte de la DGII no habrá una salida que no esté apegada a lo que establecen las leyes dominicanas.

“El caso Verizon está donde debe estar, en los tribunales, pero he dicho y lo repito: cualquier solución que vaya a haber va a estar sujeta a lo que diga el Código Tributario de la República Dominicana”, dijo el funcionario.

Hernández precisó que la empresa multinacional de telecomunicaciones debe pagar $518 millones de dólares por ganancias de capital y expresó que la determinación de ganancias de capital en todas las transacciones es algo común en Impuestos Internos.

SANTO DOMINGO.- Unas 85 piezas arqueológicas que fueron confiscadas en el aeropuerto de Miami retornaron al país y próximamente serán exhibidas en el Museo del Hombre Dominicano.

La afirmación la hizo ayer el secretario de Cultura, Rafael Lantigua, quien aseguró que entre las piezas precolombinas recuperadas se encuentran cinco collares de cuentas y pendientes de concha, hueso y piedra, así como varias hachas líticas de la cultura Barrera/Mordan, la cual data de unos 2 mil 500 años antes de Cristo y que son correspondientes a los primeros pobladores de las Antillas.

Entre las piezas recuperadas y que serán exhibidas en el Museo del Hombre Dominicano hay un collar con una cuenta de oro.

Las 85 piezas fueron incautadas el 17 de junio del año 2004 por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, que ejecutó la acción bajo el Título 19 capítulo 11, Sección 1595 del Código de Leyes Norteamericano, el cual regula la importación legal de artefactos precolombinos desde República Dominicana.

El cargamento original era de una 410 piezas de las cuales sólo 85 resultaron ser auténticas, según los estudios realizados por varios expertos dominicanos.

La presentación de las piezas se realizó en la sede de la Secretaría de Cultura durante una rueda de prensa en la que participaron, además de Lantigua, el embajador de Estados Unidos, Hans Hertell, el agregado cultural Rex Moser, y Rubén Bermúdez, así como José Delmonte Soñé, Luisa de Peña, Carlos Hernández y Juan Rodríguez, curador del Museo del Hombre Dominicano, respectivamente, entre otros.

Rex Moser manifestó que ese es el primer caso de devolución de ese tipo de mercancías y señaló que el gobierno estadounidense tiene al menos tres casos más de contrabando de piezas, en los que está trabajando arduamente.

Quince más
Lantigua dijo que existen otras quince piezas más que están estudiando para determinar su autenticidad y que se espera que sean devueltas luego de finalizar esos análisis.

SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional interrogará a otro grupo de personas por la muerte de Eduardo David Rodríguez, atropellado el pasado 11 de junio por dos vehículos que realizaban una competencia de velocidad en la avenida 27 de Febrero.

En seguimiento a las investigaciones que del caso, el fiscal Francisco Polanco informó que durante el transcurso de la presente semana cuestionarán a varios jóvenes más que podrían pertenecer al grupo de “jevitos” que se dedica a realizar carreras en las avenidas 27 de Febrero, Winston Churchill y Abraham Lincoln.

“Estamos esperando los resultados de unos datos que nos van a poner en acción de nuevo, así que yo creo que hoy tendremos nuevos elementos y luego de tenerlos en nuestras manos entonces llamaremos a otras personas y a lo mejor volveremos a interrogar a las que ya investigamos”, dijo.

Pese a que la Fiscalía ha presentado a testigos del deceso de David Rodríguez algunos carros que coinciden con los que malograron al joven de 18 años, aún no han podido apresar a los responsables del accidente y los familiares del hoy occiso piden justicia.

Por el hecho ocurrido el pasado 11 de junio han sido interrogados los primos Manuel y Rafael Areché, Willian Álvarez, Ulises Montás Castillo, Maxym Santana, Rubén Antonio Rodríguez Campo y los hermanos Alberto y Alejandro Arnaud Acosta.

SANTO DOMINGO.- Alrededor de 400 mil toneladas cúbicas de lodo y desechos sólidos han sido retiradas del río Ozama, a través de la gestión de dragado que está financiando el grupo de empresas Inversiones Turísticas Sans Soucí.

El mencionado grupo tiene bajo su responsabilidad el proyecto de remodelación del Puerto Turístico de Santo Domingo, que con una inversión privada de más de 400 millones de dólares busca embellecer la cara de la entrada marítima del país.

Así lo afirmó el director general del proyecto, Randolfo Rijo, quien explicó que el mar tendrá un control de desechos sólidos dentro del área del proyecto y que además contarán con un programa para el tratamiento de las lilas que invaden el río Ozama.

“Construiremos grandes receptáculos donde llevaremos los desechos sólidos que serán captados antes de llegar al río, por lo que estamos contratando compañías que harán una especie de redes para esos fines”, indicó el empresario.

Rijo señaló que están trabajando con las juntas de vecinos y comités de organización de la parte de arriba del río en la zona oriental, a fin de adiestrar y cocienciar a las personas con relación a los desechos sólidos.

“Muchos de los residentes de esa zona no pueden deshacerse de la basura a través de los camiones, porque no pueden entrar en esos callejones , ellos lo que hacen es tirarla al río, pero para esos fines contrataremos una barcaza y nos pondremos de acuerdo con las horas y los días, para que ellos puedan echar la basura ahí”, aseguró.

Señaló que a través del proyecto rescatarán algunos monumentos, tal y como lo hicieron con el obelisco hembra, y mencionó entre ellos el de Fray Antón de Montesinos y la plaza Juan Varón, así como una pequeña playa que está ubicada en el Club de la Marina.

Proyecto ambicioso
Rijo aseguró que el proyecto es ambicioso y que está compuesto de dos etapas que serán desarrolladas en un período de 8 años y que contempla tres componentes que son: la construcción de una marina deportiva, con capacidad para 550 embarcaciones, un puerto con espacio para dos cruceros y un componente inmobiliario que contará con dos mil apartamentos de lujo, un hotel cinco estrellas y una plaza comercial.

SANTO DOMINGO.- Las Fuerzas Armadas lanzarán unos 4,000 miembros para darle apoyo a la Policía Nacional en el patrullaje mixto, sustituirán a los agentes del orden ubicados en las instituciones públicas y en las embajadas, para integrarlos a las labores de vigilancia, mientras que el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) trabajarán de forma coordinada y conjunta con las distintas agencias de inteligencia del Estado, a fin de identificar los puntos de drogas para desmantelarlos en todo el país.

Las afirmaciones en ese sentido la hicieron el almirante Sigfrido Pared Pérez, el director del DNI, mayor general Luis Damián Castro Cruz, y el presidente de la DNCD, vicealmirante Iván Peña Castillo, previo a una reunión de “alto nivel” que se llevó a cabo en “El Sitial de Banderas” de la Secretaría de las Fuerzas Armadas.

Castro Cruz dijo que los niveles de distribución de drogas han alcanzado aspectos que tienen que ver con la seguridad del Estado, por lo tanto el DNI debe participar y tiene que participar en la persecución e identificación de los principales centros de distribución de drogas, a fin de contribuir a la disminución de la violencia.

Entre tanto Peña Castillo dijo que la población debe darle el espaldarazo a la DNCD, ya que en su opinión este organismo tiene sobre sus hombros la carga del tráfico internacional y nacional de drogas, por lo que consideró que “hay que retomar este camino en serio” (la colaboración de otras instituciones de seguridad del Estado).

Pared Pérez dijo que la ayuda fundamental en la participación en el nuevo plan anunciado por el Gobierno es el patrullaje mixto de las Fuerzas Armadas, especialmente de noche.

Dijo que colaborará, además, con los departamentos de inteligencia para la ubicación de los puntos de drogas para dar apoyo a la DNCD y la Policía Nacional a fin de desmantelar esos puntos.
También, se fortalecerá la Policía sustituyendo a los agentes de ese cuerpo que brindan servicio en las instituciones públicas, así como en las distintas embajadas, a fin de que haya más policías integrados a sus labores.

DNI
Castro Cruz dijo que el mensaje final del presidente Leonel Fernández es de que todos los organismos de seguridad del Estado deben trabajar de manera conjunta y coordinada.

Dijo que al DNI le fue asignada la tarea de identificar los puntos de drogas, para ello cuenta con todas las agencias de los cuerpos castrenses, con el fin de hacer un trabajo conjunto de inteligencia para aportar a la DNCD y a la Policía Nacional, para que esos organismos tomen las medidas correctivas de lugar y que consideren pertinentes.

SANTO DOMINGO.- Las Jefatura de la Policía incorporó anoche a 917 efectivos al patrullaje en la Capital, los cuales tienen la responsabilidad inmediata de hacer cumplir el decreto que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas más allá de la medianoche, de domingo a jueves, y hasta las 2:00 de la madrugada viernes y sábados.

Ese grupo de agentes policiales, a quienes el jefe de la institución, mayor general Bernardo Santana Páez, instruyó para que cumplan con las ordenes dadas por el presidente Leonel Fernández, están bajo control del director regional central, con asiento en el Distrito Nacional, general de brigada Héctor García Cuevas.

Anoche mismo fue reforzado el patrullaje en al menos 20 sectores de la Capital, vigilancia en que estaba previsto fuera integrado un contingente de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea Dominicana), a los fines de garantizarle la seguridad a los ciudadanos. El anuncio lo hizo por escrito el jefe policial.

Asimismo, Santana Páez designó a los generales Manuel Castro Castillo, Hilario González y el propio García Cuevas, para dar seguimiento a las acciones puestas en marcha para contrarrestar la delincuencia y la criminalidad, anunciadas por el presidente Fernández el pasado lunes, al finalizar el Consejo de Gobierno Ampliado.

El jefe policial notificó, igualmente, a los comandantes y supervisores de zonas para que adviertan a los dueños de bares, discotecas y colmadores que corren el riesgo de ser cerrados, temporal o definitivamente, si no acatan el decreto 308-06 que controla el expendio de bebidas.

Ayer se efectuó una prolongada reunión del alto mando militar y policial, en la sede de las FF.AA., donde fue trazada la estrategia a desarrollar contra el crimen. Los directores de los organismos de inteligencia (DNI, J-2, G-2, M-2 y A-2) participaron en el encuentro para detectar los puntos de venta de drogas y desmantelarlos de inmediato.

Santana Páez encomendó a sus hombres actuar con energía y con apego a la ley, “siempre con la responsabilidad y el rigor que requieran las circunstancias, porque el país está por encima de todo”, tras advertir que el mando del presidente Fernández será acatado al pie de la letra. Declaró que la Policía actuará de igual modo a nivel nacional.

SANTO DOMINGO.- El presidente Leonel Fernández anunció ayer el control de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en bares, colmadones y discotecas, establecimientos que solo podrán estar abiertos hasta las 12:00 de la medianoche, de lunes a jueves y domingos, mientras operarán hasta las 2:00 de la madrugada los viernes y sábados.

Igualmente, el gobernante informó que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas de todo tipo dentro de automóviles, y quien viole esa disposición corre el riesgo de que su licencia de conducir sea cancelada, además de que los establecimientos que laboren fuera de los citados horarios podrían ser clausurados.

Esas medidas fueron anunciadas dentro del paquete de disposiciones tomadas por el Consejo de Gobierno, en el Palacio Nacional, donde se tomaron correctivos para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. La actividad se efectuó en el Salón las Cariátides, en la tercera planta de la mansión presidencial.

“La violación a estas normativas se debe sancionar con la cancelación de la licencia para operar del centro de que se trate o de la licencia para conducir, según el caso”, advirtió el jefe de Estado, en medio de un prolongado aplauso iniciado por varios ministros evangélicos presentes en el encuentro.

Fernández pidió a los empresarios que colaboren con las autoridades para lograr la efectividad de las medidas adoptadas para enfrentar la delincuencia y la criminalidad, lo que sería posible facilitando la capacitación de los jóvenes de los barrios y ayudando a la apertura de centros tecnológicos en esas colectividades.

SANTO DOMINGO.- Las querellas por pensiones alimentarias han aumentado vertiginosamente en los últimos meses, hasta junio del presente año el Departamento de la Familia y Menores ha recibido 8 mil 364 casos.

Esta cifra equivale a cerca del 75 por ciento de los casos recibidos en 2005, que ascendieron a 11 mil 229, según las estadísticas del referido departamento adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR).

A juicio de la magistrada Marisol Tobal, encargada del organismo, este fenómeno se ha convertido en parte de la cultura dominicana y llama la atención sobre los altos niveles de irresponsabilidad paterna.

Manifestó que en el país se relaciona lo que es la responsabilidad paterna con lo que es la relación de pareja, lo que constituye un gran problema para las autoridades correspondientes.

“Porque cuando los padres entienden que tienen un hijo fuera de matrimonio, se divorcian de la madre o tienen una relación consensual y están separados, ya la responsabilidad con relación al niño, niña o adolescente terminó y no es así, porque un padre no termina con su hijo nunca”, explicó.

Indicó que las asignaciones alimentarias, o sea las pensiones, van desde un sueldo mínimo de 2 mil 578 pesos en el sector público, hasta 70 mil pesos y más, ya que para la misma se toman en cuenta varios factores entre los que resaltó el tipo de trabajo, negocios con los que cuentan los padres, cantidad de hijos y hasta el colegio donde estudian sus vástagos.

Tobar señaló que la Fiscalía de Menores de la Provincia Santo Domingo es la que ocupa el primer lugar en recibir querellas sobre pensiones alimentarias, seguida por la del Distrito Nacional. En tanto que el tercero, cuarto y quinto lugar lo ocupan la de Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís.

La magistrada explicó que el organismo desconoce cuántos casos se registran mensualmente, ya que “lo que hacemos es ir sumando los casos que nos llegan día por día y los vamos sumando a fin de entregarle un resultado semestral al procurador Francisco Domínguez Brito”.

Asimismo, reveló que el departamento que dirige el 11 de julio del presente año firmó un acuerdo con el Departamento de Administración para el Sustento de Menores (Asume) de Puerto Rico, mediante el cual pretenden evitar que los padres que emigran para ese país evadan su responsabilidad y viceversa, ya que les darán seguimiento a los casos.

Más confianza en la Justicia
Migdalia Cabral y Elsa Mercedes, quienes son madres solteras, coincidieron en que tienen más confianza en la justicia dominicana, ya que han logrado que los padres de sus hijos les paguen “religiosamente” sus pensiones, debido a que si no lo hacen los privan de su libertad. En cambio Nicole Morales expresó: “Yo he ido varias veces a los tribunales y todavía no he llegado a un acuerdo con el padre de mi único hijo, porque él apela cada vez que se la fijan en 12 mil pesos, alegando que es demasiado alta, pero yo insistiré hasta lograr que me ayude a mantener el niño”.

SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Pilotos y los controladores aéreos pidieron ayer a las autoridades que agilicen el proceso de investigación para dar con los responsables del asesinato de Angel Cristopher Martínez, funcionario de Aeronáutica Civil, por cuya recomendación se habrían tomado medidas para hacer cumplir las regulaciones de aeronavegalidad.

Pedro Domínguez, presidente de la asociación, reiteró que al momento de su asesinato Cristopher Martínez, estaba llevando a cabo “un trabajo encomiable” al frente del departamento de Aeronavegabilidad de Aeronáutica Civil, para hacer cumplir las regulaciones. “No se trata de ninguna investigación en especial, su interés era hacer cumplir la ley”, agregó.

Citó como ejemplo, que entre las exigencias hechas por el señor Martínez, asesinado el pasado miércoles 12 de los corrientes a poca distancia de su residencia en la calle Puerto Rico, de Alma Rosa I, era responsable de sacar de operación las aeronaves, que por alguna razón no estaban al día para realizar vuelos.

Por tal razón, la Asociación de Pilotos cree que la muerte de Martínez pueda estar vinculada con el trabajo que estaba realizando. "Las personas que no estaban impuestas a cumplir con las regulaciones se vieron afectadas y por lo tanto es la vinculación principal que pueda existir, pero pedimos en las investigaciones no se enfoque hacia un solo lugar, sino que se investigue hasta el ultimo momento para dar con él o los asesinos de Angel Cristopher", manifestó.

Domínguez, junto a otros directivos de la asociación hablaron en ruda de prensa y dijo que reconocen que el proceso de investigación es lento, pero tienen la confianza en que la Policía Nacional dará con los responsables del crimen.

OPERACIONES NOCTURAS
Al mismo tiempo los pilotos y controladores aéreos solicitaron a la Dirección de Aeronáutica Civil que tome las medidas de lugar a fin de autorizar las operaciones aéreas nocturnas desde el aeropuerto Joaquín Balaguer.

Hablando a nombre de los controladores aéreos, Francisco González, dijo que los vuelos nocturnos no han sido autorizados porque faltan equipos de radio ayuda.

SANTO DOMINGO.- La Secretaría de Medio Ambiente informó ayer que el descargo a los acusados de introducir el rockash al país implica que los ciudadanos tendrán que pagar con sus impuestos los costos de limpieza de la basura industrial que se depositó en la playa de Arroyo Barril, Samaná, a principios de 2004.

“Para solucionar el problema de dispersión en el aire y deslizamiento al mar del material, el Gobierno se verá forzado a asumir mediante un fondo especial los RD$3.50 por metro cúbico por kilómetro que cobrará la empresa que ganó la licitación pública que recoge y traslada de manera segura el material hasta la cementera de San Pedro de Macorís, donde está siendo sometido a una transformación térmica”, manifestó.

El Ministerio Público acusó a René Ledesma y Arsenio Borges de violar la ley de permisología, la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Convención de Basilea de 1989 y la Ley 218-84 sobre vertidos de desechos, que prohíben la importación de este tipo de materiales al país sin previo estudio de impacto ambiental.

Medio Ambiente precisó que la decisión de las juezas Saturnina Rojas, Wendy Valdez e Indira Paulino se basó en que no se pudo comprobar que el rockash fuera basura, lodo cloacal o desecho contaminante, lo que además ignora el hecho de que el material es la ceniza residual de la combustión de la planta termoeléctrica de AES en Guayama, Puerto Rico.

El Ministerio Público había pedido al Tribunal que multara con RD$100 millones a Ledesma y con RD$25 millones a Borges para que el costo de reparación del daño no fuera asumido por los afectados, que han sido los contribuyentes.

Max Puig, secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que el caso del rockash no es un problema solo de la Secretaría de Medio Ambiente, del movimiento ambiental y de las poblaciones de Samaná y Montecristi donde se depositó el rockash, sino de todo el país.

Expresó que el daño económico y sanitario al ambiente costero-marino de la bahía de Samaná, se mide a corto plazo por la merma de las visitas turísticas y las inversiones que han retirado sus propuestas de la zona; a largo plazo tiene repercusiones ecológicas el hecho de que gran parte del rockash se deslice a la bahía, un espacio protegido para las ballenas jorobadas y una de las principales fuentes de alimentación de la población.

Puig llamó a todos los sectores a mantenerse atentos a este proceso, que continúa a partir de este viernes 28 de julio cuando será leída la sentencia íntegra. Reiteró que decisiones como esta dañan la imagen internacional y envían el mensaje de que en República Dominicana no se respetan las leyes, no hay garantías y reina la impunidad ante un delito ambiental, permitido por particulares, que tiene que ser costeado por toda la sociedad.

SANTO DOMINGO.- El presidente Leonel Fernández anunció ayer un paquete de acciones de emergencia para combatir la delincuencia y la criminalidad, especialmente el narcotráfico, porque se trata de males que mantienen aterrorizada a la ciudadanía, tras advertir que los criminales comenzarán a sentir todo el peso de la ley.

Fernández dispuso la implementación inmediata de patrullas mixtas, integradas por guardias y policías, para lograr que la ciudadanía se sienta protegida, además del retorno a los cuarteles de todos los agentes que ofrecen servicio en dependencias públicas, incluidos los asignados al Cuerpo de Ayudantes Militares del gobernante.

También anunció el envío a las calles de la Capital, la provincia Santo Domingo y Santiago de unos 4 mil agentes, quienes juntos a los agentes asignados a tareas ajenas a las suyas irán al patrullaje preventivo. Serán reclutados 5 mil nuevos efectivos para incorporarlos a tareas de prevención del crimen.

Otros cinco mil agentes auxiliares serán reclutados para emplearlos en tareas administrativas, mientras los agentes dedicados a esas actividades serán destinados al patrullaje en las calles.

La seguridad en las instituciones públicas y los funcionarios estará a cargo de las FF.AA. El apoyo logístico para el reforzamiento de la vigilancia policial contará con 40 yipetas, 195 carros y 140 motocicletas, en el Distrito Nacional y Santiago. La Policía será sometida a una amplia reingeniería, lo que incluye una profunda depuración que terminará con la expulsión de todo el que haya tenido problemas delictivos.

Al finalizar un Consejo de Gobierno Ampliado que duró más de nueve horas, el Mandatario dijo que el narcotráfico es uno de los causantes principales del crimen, fenómeno que será enfrentado con energía por todos los organismos de inteligencia de las FF.AA., que ayudarán en esa labor a la DNCD.

Dispuso que las agencias de inteligencia de los organismos castrenses, incluyendo el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), detecten los puestos de venta y distribución de drogas, los cuales deberán ser desmantelados, informaciones que esas instituciones deben compartir con la Policía y la DNCD. Y para tener resultados inmediatos, Fernández pidió colaboración a la Justicia en lo relativo a la autorización de allanamientos a tiempo, tomando en cuenta los impedimentos legales previstas en el Código Procesal Penal para las autoridades represivas hacer requisas domiciliarias a los sospechosos.

“La idea que nosotros tenemos es desmantelar los puestos de distribución de drogas y para desmantelarlos necesitamos el apoyo del aparato judicial, que en lugar de burocratizar y dilatar el proceso lo facilite, lo acelere y lo haga viable en el corto plazo”, reclamó el jefe de Estado, frente a varios miembros de la cúpula de la judicatura.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión de Ética de la Presidencia, José Joaquín Bidó Medina, pidió ayer a los funcionarios involucrados en el préstamo de los US$132.5 millones para la modernización de la Policía Nacional que ofrezcan las explicaciones que requieren la prensa y otros sectores sobre esa negociación.

Expresó que la comisión que preside hará las recomendaciones pertinentes sobre este caso a fin de que ninguna acción con características delictivas pueda consumarse bajo la mirada indiferente de las autoridades llamadas a impedirlo.

Entrevistado por Laureano Guerrero en el programa Hablan los líderes, que se difunde por la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), Bidó Medina insistió, empero, que hará todas las recomendaciones pertinentes sobre el caso.

Tras llamar a los funcionarios involucrados en el financiamiento a ofrecer las explicaciones necesarias, recordó que existe una ley relativa a la debida información a la ciudadanía.

Advirtió que los funcionarios públicos no son más que mandatarios de los preceptos de las leyes que norman la vida de una sociedad jurídica y sociológicamente organizada.

Subrayó que las informaciones que pide la prensa respecto al préstamo de los US$132.5 millones otorgado por la compañía The Sun Land Group, deben ser ofrecidas porque "nadie es propietario de la posición que ocupa en el Estado."

Indicó que sólo los funcionarios de la Justicia o de la Policía, por razones estratégicas, para no entorpecer las investigaciones, están exentos de dar información cuando se les requiere.

Agradeció a la sociedad civil y a sus instituciones por mantenerse alerta ante los errores o imprudencia que pudiera cometer cualquier funcionario.

Dio seguridades de que la dirección principal del Estado, lo mismo que la del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no defraudarán a la ciudadanía con actos deleznables e inmorales.

Expresó que la alta dirección del PLD y del equipo que gobierna están muy conscientes de que significan la última esperanza del pueblo empobrecido, por lo que, añadió, no van a sucumbir ante hechos de los cuales tengan que avergonzarse.

El citado financiamiento ya fue aprobado por el Congreso Nacional, pero ante las críticas de diversos sectores, el gobierno anunció que no lo aplicaría y abrió una investigación en torno al préstamo.

SANTO DOMINGO.- El ex secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general ® Ramiro Matos González, afirmó ayer que para él y otros compañeros de armas fue doloroso enfrentar al coronel Francisco Alberto Caamaño, porque “éramos amigos, compañeros de tertulia y de tragos”.

Dijo que fue tan complicada la situación que muchos de los oficiales que dirigían la lucha contra la guerrilla estaban unidos por lazos sacramentales, por lo que consideró que fue “algo triste, doloroso y solo hay que vivir eso para darse cuenta de la magnitud de ese acontecimiento”.

Asimismo, Matos González sostuvo que si Caamaño recibe el apoyo de sus antiguos compañeros de la Revolución de Abril de 1965, la invasión de Playa Caracoles hubiera dejado de ser una aventura para convertirse en una confrontación de consecuencias imprevisibles.

Pero el historiador y escultor, quien estuvo en el Estado Mayor dirigiendo las operaciones, declaró que tiene razón el embajador de Cuba en el país, Omar Córdova, cuando dice que no había condiciones para el desembarco de Playa Caracoles, consejo dado entonces a Caamaño.

“Creo que él (Córdova) tiene razón. Si cuando el coronel Francis Caamaño vino hubiese habido condiciones, seguro que hubiera sido seguido por todos aquellos que fueron sus compañeros en 1965, cuando estaba en Ciudad Nueva, pero ninguno se atrevió a acompañarlo y a respaldarlo”, dijo.

Si los seguidores de Caamaño se integran al plan “no hubiera sido una aventura, sino que estaríamos hablando de una gran actividad militar de consecuencias imprevisibles”, agregó el estratega militar conversando con el cronista de EL DÍA.

Y sobre sus nexos con Caamaño, Ramiro Matos dijo: “Eramos amigos y compañeros de tragos y de tertulias, no solo conmigo, sino otros…tengo una fotografía donde aparecemos Francis, Beauchamps Javier y yo, juntos en una mesa en el Club Militar de la Feria de la Paz”.

Manifestó que las heridas dejadas por ese acontecimiento en las FF.AA. han sanado, y a modo de ejemplo dijo que algunos hijos de Caamaño son oficiales de las FF.AA., con quienes dijo han conversado mucho “y somos amigos, y ellos han entendido la posición de cada uno”.

SANTO DOMINGO.- El Senado celebrará hoy una sesión extraordinaria para convertir en ley el proyecto de compras, concesiones y contrataciones de obras, servicios y bienes del Estado, en una jornada en la que se asegura que los miembros del hemiciclo sancionarían también el préstamo de los 116 millones de euros para el Metro y el proyecto que otorgaría pensiones a 16 congresistas.

La sesión, convocada para las 2:00 de la tarde, es de las últimas de este período constitucional en razón de que la primera legislatura ordinaria, prorrogada por 60 días, termina el miércoles 26 de este mes.

A partir de entonces, la actual matrícula del Senado y la Cámara de Diputados sólo podría legislar si el Poder Ejecutivo convoca a una legislatura extraordinaria, lo que pocos prevén.

El proyecto de ley sobre compras, concesiones y contrataciones de obras, servicios y bienes del Estado ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, que le hizo algunas modificaciones al texto que había sancionado el Senado.

Debido a las reformas, la pieza vuelve al Senado, donde, como se espera, también será aprobado hoy de urgencia, en dos sesiones consecutivas, para que quede convertida en ley, sólo pendiente de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Esta iniciativa reviste importancia en razón de que es una de las condiciones que se plantean para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) que el país firmó con Estados Unidos y Centroamérica.

El financiamiento para la construcción de las obras móviles del Metro de pasajeros de la capital asciende a 116 millones de euros, equivalentes a RD$4,640 millones.

El senador y presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Alburquerque, pidió a los legisladores de la bancada perredeísta que no aprobaran el empréstito para el Metro.

Igual posición externó en la sesión del miércoles pasado el vocero del bloque senatorial del PRD, Tommy Durán Garden, pero otros miembros de esa bancada entienden que el empréstito debe ser aprobado.

Específicamente, el senador Vicente Castillo (PRD-Peravia), quien preside la comisión de Obras Públicas del Senado, favorece el financiamiento en razón de que el Metro, sostiene, viene a resolver problemas viales de la ciudad y su entorno.

Otros miembros del bloque perredeísta también favorecen la aprobación del empréstito y algunos de ellos se pasaron el fin de semana buscando los votos necesarios para pasar el asunto en la sesión de esta tarde.

En otro orden, el Senado sancionaría además, en la sesión de hoy, el proyecto de ley que favorece con pensiones del Estado igual al 80 por ciento de sus sueldos, a 15 diputados y un senador.

La pieza se originó en la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobada, de urgencia, en dos sesiones consecutivas, por lo que si el Senado la sanciona hoy de igual manera se convertirá en ley.

SANTO DOMINGO.- Las nueve familias que residían en la calle Altagracia número 89, de San Carlos, denunciaron ayer que aún esperan ayuda de las autoridades, pese a que hace más de un mes y medio que sus viviendas fueron reducidas a cenizas y en donde murió un infante de nueve meses.

Señalaron que el Gobierno y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) no les han brindado auxilio, por lo que se mantienen prácticamente a la intemperie.

Asimismo, denunciaron que hace más de un mes que los Comedores Económicos les retiraron la comida, por lo que su situación se ha agravado, ya que sus recursos no alcanzan para todos sus gastos.

“El despacho de la Primera Dama autorizó a los Comedores Económicos a darnos la comida, pero ya hace más de un mes que nos la retiraron,” aseguró Carolina Paulino, tía del menor muerto y quien fue cancelada de La Sirena luego del incendio, pese a que sus faltas estuvieron justificadas.

Los residentes del lugar señalaron que a pesar del tiempo transcurrido ellos no han sido reubicados, por lo que están viviendo arrimados, por la caridad de algunos vecinos y familiares.

“Nosotros estamos en una situación muy difícil y precaria, porque aquí somos muy pobres y lo poco que teníamos lo perdimos, por más esfuerzos que uno hace los chelitos no nos dan para cubrir todos nuestros gastos, a pesar de que estamos arrimados”, señaló Flor Báez, quien residía en una de las viviendas quemadas.

En tanto que Soribel Merán, quien es madre de los niños Saúl y Stward Merán, uno muerto y gravemente herido el otro manifestó: “Yo lo que hago es trabajar en una casa de familia y no gano mucho, quien me ayudaba era mi hermana Carolina, y a raíz del incendio la cancelaron de La Sirena, ubicada en la avenida Mella, por lo que nos la estamos viendo bien negra a nivel economico”.

El siniestro originado por un corto circuito se registró el pasado martes 7 de junio a las 5: 30 de la tarde. En el hecho perdió la vida el bebé de nueve meses Saúl Merán y resultó herido el menor de dos años Stward Merán, quien se encuentra hospitalizado en el área de quemados del Robert Reid Cabral y ha sido intervenido en dos ocasiones por las quemaduras de segundo grado que recibió.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, Vicente Castillo, favoreció ayer que el proyecto de la isla artificial sea conocido en el hemiciclo y rechazado de manera definitiva por los legisladores.

Castillo consideró que en los días que restan de la presente legislatura los senadores harían bien en conocer el proyecto y rechazarlo, tras indicar que la isla es un proyecto que no beneficia a “nadie” y lo percibe como una obra para “satisfacer el morbo de alguna persona”.

Indicó que si por razones de tiempo no se puede conocer el proyecto las nuevas autoridades deberían hacer el favor al pueblo que los eligió rechazando el proyecto.

Luego de que el proyecto de Novo Mundo XXI fue engavetado por el retiro de los inversionistas dominicanos y los problemas judiciales de otro de los accionistas, el Poder Ejecutivo revivió la isla artificial enviando al Congreso dos modificaciones al contrato firmado con la empresa Santo Domingo Re-Development, Ltd.

“Yo estoy de acuerdo que en los días que quedan de sesión se conozca el proyecto en el Senado y sea rechazado definitivamente, porque eso no beneficia al país en nada”, afirmó Castillo.

Indicó que el espacio del Malecón no puede ser enajenado por complacer caprichos de unos pocos.

SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo se encuentra bajo la lupa por varios contratos y préstamos sometidos al Congreso Nacional que han sido aprobados, mientras que otros han sido cuestionados por diferentes sectores.

Entre esos proyectos se encuentran el préstamo para el equipamiento de la Policía Nacional por un monto de US$132 millones, en el que se desglosa que un computador portátil tendrá un valor superior a los US$9 mil, mientras que algunos vehículos costarían más de US$49 mil.

También el Gobierno revivió el proyecto de construcción de la isla artificial por parte de la empresa Novo Mundo Siglo XXI, que fue rechazado por diferentes sectors, principalmente los grupos ecologistas.

Con relación a la iniciativa a favor de la Policía, La Comisión Nacional de Ética y Combate de la Corrupción aplazó una reunión que iba a celebrarse hoy para estudiar el recién aprobado préstamo de US$132 millones para el equipamiento de la uniformada, mientras trascendió que el presidente Leonel Fernández podría disponer el retiro del proyecto ante los cuestionamientos de diferentes sectores del país.

El director ejecutivo de la entidad, Pedro Durán, informó que la discusión podría producirse en los próximos días. La reunión de hoy fue aplazada ante la ausencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio.

El préstamo ascendente a más de US$132 millones será destinado a comprar equipos tecnológicos para la Policía a las compañías extranjera The Sun Land Group y Florida Export Financial Corporation

Diferentes sectores han pedido la revisión del proyecto.
El movimiento cívico Participación Ciudadana solicitó a la Procuraduría General de la República y al Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco) realizar una investigación sobre el contrato de préstamo para el equipamiento de la Policía Nacional, el cual asciende a 132 millones de dólares, debido a que a su entender el mismo está plagado de irregularidades que podrían ser perjudiciales al interés del país.

El coordinador general del organismo, Paulo Herrera Maluf, le hace la solicitud al procurador general, Francisco Domínguez Brito, y al director del Depreco, Octavio Líster, a través de una misiva en la que le anexa copia del contrato.

En el documento Herrera Maluf asegura que el contrato firmado recientemente por el Gobierno dominicano con las firmas The Sun Land Group LLC y Florida Export Financial Corporatión, a simple lectura y análisis arroja anomalías que no pueden ser pasadas por alto por nadie que se preocupe por el buen uso de los recursos del Estado.

Entre las irregularidades señala: sobrevaluaciones extremadamente altas en los precios de vehículos y equipos a ser adquiridos, falta de especificaciones técnicas de los vehículos y equipos, como marcas, modelos, accesorios, capacidades, entre otros, y falta de concurso nacional e internacional para una compra de los montos especificados.

Leonel reintrodujo al Senado Proyecto de la isla artificial
El Poder Ejecutivo remitió ayer al Senado varios documentos para que los incorpore al estudio y discusión de la denominada isla artificial, a través del contrato para la Construcción, Desarrollo, Explotación y Operación del Proyecto Contiguo a la Costa Sur de la Ciudad de Santo Domingo, Novo Mundo Siglo XXI.

La remisión de los documentos parece contradecirse con declaraciones del vocero gubernamental Roberto Rodríguez Marchena, quien anunció el 10 de enero de este año el retiro del apoyo del gobierno a la isla artificial.

Mediante el oficio 865, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, remite al presidente del Senado, Andrés Bautista García, la decisión de la firma Santo Domingo Re-Development, Ltd., de aceptar varias enmiendas al contrato para establecer un "equilibrio económico."

Pina Toribio expresa que Emilio González Calderón, apoderado de la citada empresa, remitió al Presidente Leonel Fernández, el 18 de julio cursante, la resolución unánime de la Junta de Directores, aprobada el 18 de junio del 2006, que acoge las enmiendas.

Específicamente, la resolución acoge la eliminación de los acápites 3 (f) y 3 (i), del artículo 14 del contrato, dada la objeción que se les hizo en una sesión de vistas públicas del Senado, expresa la comunicación.

La eliminación de los citados acápites del contrato Novo Mundo Siglo XXI buscan un "equilibrio económico" respecto al peso y el dólar estadounidense o las monedas duras de las que dependa el financiamiento del proyecto.

La construcción de la isla artificial en el litoral Sur de Santo Domingo fue otorgada a la citada firma a través del contrato suscrito el 15 de junio del 2005 entre el Estado y la Santo Domingo Re-Development, Ltd.

La construcción de la isla artificial de un millón de metros cuadrados fue propuesta al Gobierno por el arquitecto español Ricardo Bofil y los dominicanos Pedro José Borrel y Gustavo Moret.

La obra se extendería en el litoral Sur comprendido entre las intersecciones de las avenidas George Washington y Abraham Lincoln, al Oeste, y la George Washington y la Cambronal, al Este.

La isla artificial no tendría ningún costo para el Estado, ya que sería levantada por inversionistas privados, según el contrato de concesión de la obra.

Según los proponentes, el proyecto incluye la renovación completa del frente marítimo de la ciudad de Santo Domingo para volcar la urbe hacia el mar y diseñar un nuevo horizonte que mejoraría la relación entre la ciudad y el mar.

Con la remisión de los citados documentos, el gobierno parece retomar el proyecto de la isla artificial, criticado por diversos sectores que, entre otras desventajas, advierten que la obra convertiría el Malecón en un traspatio.

El vocero gubernamental, Rodríguez Marchena, declaró el 10 de enero pasado que el gobierno retiró su apoyo a la construcción de la isla artificial en razón del desinterés de parte de los promotores dominicanos.

Precisó entonces que los promotores locales, Eulogio Santaella y los arquitectos Borrel y Moret, "han desistido por diferencias internas de ellos mismos."

--Otros acuerdos--
Por otra parte, el Presidente Leonel Fernández sometió al Senado el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear y la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, de fechas respectivas, 14 de septiembre del 2005 y tres de marzo del 1980.

Conforme al primero, los estados firmantes prohibirán las actividades ilegales de personas, grupos y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o financien asistencia técnica, información o participación sobre el manejo de material radiactivo o nuclear para la comisión de delitos.

Dispone que los estados cooperarán mediante legislaciones y otras medidas para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de delitos.

En otro orden, parte de los objetivos de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares es prevenir los peligros que se puedan plantear en el uso de esos productos.

SANTO DOMINGO.- The Shell Company, subsidiaria dominicana de la anglo-holandesa Shell, que la semana pasada anunció la posibilidad de poner término a sus operaciones de más de 75 años en República Dominicana, estudia un paquete de incentivos y exoneraciones tributarias propuestos por el gobierno de Guatemala para que instale una refinería de petróleo en esa nación centroamericana.

La propuesta abarcaría los incentivos fiscales de la Ley de Zonas Francas, serían los más atractivos para la instalación de la Refinería Mesoamericana en el país, ya que establecen la exoneración de por lo menos tres tributos en plazos que van de los 5 a los 15 años.

Además de Shell, la citada propuesta es ponderada por otras empresas petroleras, entre las que figuran Chevron, British Petroleum, Global Resources, China Petroleum y Star Energy
Los atractivos incentivos ofertados por Guatemala para acoger a una de esas empresas petroleras incluyen exenciones del IVA en las transferencias de mercancías que se realicen dentro y entre zonas francas, exoneración total de impuestos, derechos arancelarios y cargos aplicables a la construcción de las instalaciones; Impuesto Sobre la Renta por un plazo de 15 años; Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) por 5 años; Impuestos, derechos arancelarios y demás cargos aplicables a la Importación y consumo de fuel, oil, búnker, gas, butano y propano, estrictamente necesarios para la generación de energía eléctrica.

En una agresiva ofensiva destinada a motivar a cualquiera de las citadas empresas petroleras, el gobierno de Guatemala ha garantizado un porcentaje mayor en el retorno en la inversión de los $6.73 millardos que requiere la instalación de la refinería.

Esto como resultado de la venta de energía generada a partir de un excedente diario de 6,500 toneladas de carbón de petróleo, con un potencial de 730 megavatios (MW).

La refinería usaría unos 200 KW, por lo que los 530 restantes podrían satisfacer la demanda local o exportarse a los países vecinos.

Ejecutivos de la Shell, transnacional, propietaria del 50% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y de casi 140 estaciones de venta de combustibles, se reunieron con funcionarios guatemaltecos, quienes les formalizaron las propuestas para su estudio y decisión.

SANTO DOMINGO.- En la víspera de presentar un informe que sugería el rechazo del proyecto de reforma a la Ley Municipal, los diputados de la comisión especial que estudian el proyecto acordaron no incluir la inamovilidad de los empleados de los ayuntamientos a los fines de que la pieza no sucumba y sea conocida en la sesión del lunes en la Cámara de Diputados.

El presidente de la comisión especial, Remberto Cruz, informó que se consensuó eliminar una serie de poderes a los síndicos y reivindicar más atribuciones a las salas capitulares. Tal es el caso de la prerrogativa que se le concedía al síndico de que los empleados de los ayuntamientos fueran nombrados por la sala capitular, pero a sugerencias de este. Además de las delegaciones en los distritos municipales. Se pretendía que el síndico nombrara al tesorero, pero se acordó que sería una atribución de los regidores.

También se dejó a un lado que las delegaciones fueran elegidas por cuatro años y en lo adelante se haría anualmente.

“Había un informe disidente y buscamos la manera de consensuar algunos aspectos. Lo de la inamovilidad de los empleados no se contempla en el proyecto y los síndicos y regidores podrán hacer los cambios que deseen”, indicó.

Señaló que lo que se establecerá, una vez aprobada la ley, es introducir la ley civil y carrera administrativa en los gobiernos locales, aunque se no especifica como.

“Realmente hay dificultades en legisladores reformistas y peledeístas de no aprobar el proyecto, pero veremos si logramos ponernos de acuerdo”, señaló.

La comisión especial la preside Cruz y la integran sus compañeros reformistas Ramón Rogelio Genao, Mario Fernández Saviñón, Wenceslao Paniagua, Héctor Marte y Máximo Castro Silverio. Por el PLD Isabel Bonilla, Juan de los Santos, José Ricardo Taveras, Jesús Féliz; Ovi Saldívar, del PRSD, y los perredeístas Manuel Rivas, David Herrera, Idelia Pérez, Glovis Reyes, Octavia Medina y Soraya Chahín.

SALARIOS.
El proyecto también establece una nueva forma de salarios, que va desde 16 a 50 salarios mínimos para el síndico y de 7 a 24 para los regidores. De esta forma el alcalde del Cabildo más pobre, por ejemplo Mella, en la provincia Independencia, ganaría 41 mil 88 pesos, actualmente gana 25 mil, más 10 por gasto de representación; en tanto el regidor gana 17 mil 976 pesos. En los ayuntamientos no hay menos de cinco regidores.

En los cabildos que perciben ingresos de RD$10.0 a RD$20.0 millones, el síndico ganará 26 salarios mínimos y los regidores 12; o sea, salarios de 66 mil 768 y 30, 816 respectivamente.

En los ayuntamientos que perciben recursos desde RD$20.0 a RD$50.0 millones, los síndicos ganarán 30 salarios mínimos y los regidores 14, equivalente a 77 mil 40 pesos para el síndico y 35 mil 952 para los regidores.

A los ayuntamientos que les entran de RD$50 a RD$100.0 millones los sueldos serán de 38 y 17 salarios mínimos para el síndico y los regidores, que es igual a 97 mil 584 y 43 mil 656, respectivamente.

En tanto que en ayuntamientos como el de la Capital, que recibe más de RD$100.0 millones , donde el síndico gana 50 mil, de aprobarse la ley ganaría 128 mil, que es igual a 50 salarios mínimos y los regidores que ganan 90 mil percibirían 61 mil 632, o sea 24 salarios mínimos.

SANTO DOMINGO.- La Conferencia del Episcopado Dominicano consideró ayer que sería un acto de "solemne de irresponsabilidad" el aprobar con inteligencia y razonabilidad, un Código Penal que permita legalmente el aborto.

El secretario general del Episcopado, monseñor Ramón Benito Angeles, advirtió que el aborto "ha sido, es y será siempre un crimen" y que como tal, antes de legalizarlo, lo que hay que hacer es castigarlo severamente.

El prelado aclara que el aborto que se pretende justificar por el hecho de una violación, lo que hace es agravar más la situación psicológica de la mujer y es una solución fácil al argumento de los efectos psicológicos.

"La sociedad tiene que buscar, así como hay centros para atender niños, También hay que buscar soluciones a favor de la vida, para los niños que resultan de una violación así como darle una atención cualificada a la madre".

Mientras que la Pastoral Juvenil afirmó que la despenalización del aborto, aún en caso de violación, constituye un retroceso que coloca al país a la misma altura de otros que se han prostituido, abriendo el espacio al crimen y a la evidente degeneración como el matrimonio de homosexuales y lesbiana, así como a la pornografía.

"El aborto es un crimen y como tal debe recibir el repudio de todos los que son sensibles al valor de la vida", plantea de su lado el padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil.

Monseñor Benito Angeles, en un documento titulado "Un Código para la Vida o un Código para la Muerte?, señala que "estamos de frente a una irracional amenaza de legalización del aborto", de ser aprobado lo propuesto en el Proyecto Código Penal de la República Dominicana, aun después de las adecuaciones legales llamadas "pertinentes".

Sostiene que el aborto aceptado en las condiciones que propone el Proyecto de Código Penal, sería un suicidio de la Colectividad Social y la más violenta expresión de criminalidad.

"El aborto no es un tema religioso, es de derechos humanos. Los pro abortistas, enfocan la discusión, como si se les quisiera imponer una religión. No se trata de discutir entre distintas religiones. Hoy en día en la República Dominicana nos azota un estado de violencia aparentemente incontrolable. Cada día más sorprenden los medios de comunicación con informaciones de muertes horrorosas y acontecimientos deplorables", expresa el secretario del Episcopado Dominicano.

Y agrega que cada día la vida humana está amenazada por el mismo ser humano. "Nos impactan las muertes violentas. Es un signo de sensibilidad humana y también de autoprotección. Cada ser humano ama su vida, la cuida, la protege, la defiende y la ama.