SANTO DOMINGO.- Antes de ir a la casa de Plutarco González Cedeño y recibir el disparo fatal, Milton Peláez había acudido a la sucursal del Banco del Progreso donde verificó un supuesto faltante millonario en sus cuentas de certificados que le manejaba la esposa de su victimario y que era la gerente de esa oficina.
El martes, antes de las nueve de la mañana, Peláez se presentó a la sucursal de la avenida Winston Churchill del Banco del Progreso, al parecer enterado de que Graciela Gómez, gerente de la sucursal y esposa de Plutarco, era investigada por la comisión de supuestas irregularidades.
Allí se le informó a Peláez que los certificados por los que indagaba sólo ascendían a 750 mil pesos, lo que sorprendió al humorista, quien le dijo a la subgerente que el monto debía ser mucho mayor.
Graciela Gómez no se encontraba en la sucursal bancaria porque el viernes anterior había presentado renuncia luego de que se iniciara una investigación en su contra por la supuesta comisión de otras irregularidades con el manejo de las cuentas de su esposo Plutarco González.
Pero desde la misma oficina bancaria Milton Peláez se comunicó por la vía telefónica con la recién renunciante gerente y luego de una conversación abandonó la sucursal. Pocos minutos después murió en la casa de ésta por un disparo salido del arma de su esposo Plutarco.
Los certificados eran comprados por Milton Peláez a nombre de su hija Mery Peláez y los papeles originales quedaban bajo custodia de la citada gerente y esposa del homicida, al parecer a petición del propio Peláez.
Entre las razones por las que Graciela Gómez es investigada por el Banco del Progreso está el manejo que le daba a la cuenta de Peláez, quien incluso liquidaba personalmente los certificados, aunque este lo abría a nombre de su hija Mery.
El Banco del Progreso explicó ayer que en este caso la ex ejecutiva estaría violando dos normas bancarias, ya que, por una parte, sus empleados tienen prohibido retener los originales de los certificados de sus clientes y, por otra parte, no pueden autorizar la liquidación de certificados por una persona diferente a la que aparece como propietaria del instrumento financiero.
Las autoridades aún no han determinado el monto exacto de los certificados de ahorro que debía tener Peláez, pero se estima que podría rondar los ocho millones de pesos, lo cual se desprende de otros hechos que se registraron diez días antes de su muerte.
Resulta que hace unos diez días el homicida de Peláez fue a la sucursal del Banco del Progreso de Price Market, en Los Prados, y compró un cheque de administración por un monto de 82 mil pesos a nombre de Mery Peláez y en el concepto hizo que le pusieran “pago de intereses”.
Ese hecho hace suponer que con el cheque de administración buscaba hacerle creer a Peláez que el banco le estaba pagando lo correspondiente por los intereses que le correspondían por los certificados que debía tener depositados y que aparentemente habían sido desviados.
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